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San José del Progreso
mayo de 2011
1. Escenario general sobre la Minería en México
En México, la más reciente y desastrosa etapa de la minería, fue inaugurada por
la política entreguista de Vicente Fox Quezada, quien asumiera la presidencia de
la República el 1 de diciembre del año 2000, y cuyo gobierno sería recordado
justamente por su ilimitada apertura a las transnacionales y su apoyo irrestricto al
capital extranjero, todo en perjuicio de millones de mexicanos que hoy en día se
encuentran amenazados por las empresas extranjeras que pretenden despojarlos
de sus territorios con la única intención de saquearlos. En el ámbito de la minería,
un dato habla por sí sólo, desde el año 2000 y hasta principios de 2010, en suelo
mexicano han sido otorgadas más de 24 mil concesiones para la exploración y
explotación de minas, además de que en 26 de los 32 estados del país, dicha
actividad se caracteriza por ser de extracción intensiva.
Actualmente, los minerales que más extraen las compañías nacionales y
transnacionales son: oro, plata, cobre, hierro y zinc; y la mayoría de las empresas
extranjeras provienen de Canadá, aunque también de Estados Unidos y Australia.
Este hecho viola flagrantemente diversas legislaciones nacionales entre las que se
encuentra la propia Constitución que en su artículo 27 señala que la explotación
de minas sólo puede ser realizada por ciudadanos mexicanos:
“… sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El
Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que
convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección
de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al
convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido
en virtud del mismo.”1
En el mismo sentido, la “Ley de Minas” que fuera aprobada en un primer
momento el 26 de junio de 1992 durante el apogeo del neoliberalismo salinista y
reformada por última vez en el período presidencial de Vicente Fox el 26 de junio
1
Véase al respecto también la Ley de Inversión Extranjera promulgada el 27 de diciembre
del 1993 y reformada la última vez el 4 de junio del 2001 en su artículo 10 A sobre adquisición de
Bienes inmueble y explotación de Minas y Agua. Además, en la misma Ley, marcadamente
neoliberal se encuentra en el Art. 14 que la misma extracción se hará considerando el beneficio
económico y social de la Nación.
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de 2006 reafirma en su Capítulo Segundo, Artículo 10 que: “… la exploración y
explotación de los minerales sólo podrá realizarse por personas físicas de
nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades
indígenas”.
A pesar de estas restricciones, a la
fecha existen más de 230 trasnacionales
mineras que operan en nuestro país y, de
éstas, el 81% de los “permisos”
gubernamentales fueron en beneficio de
filiales con oficinas centrales en Canadá,
donde existen 187 compañías concentradas
en la búsqueda de oro y plata; es por ello
que en los últimos años México se ha
colocado en el segundo lugar en producción
de plata a nivel mundial.
Sobre el hecho de que la mayoría de
las compañías mineras provengan de
Canadá, debe aclararse que esto es así
porque dicho país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y, por ello, para evitarse mayores problemas, distintas empresas mineras
de Estados Unidos, Europa y Asia deciden que es mejor para sus intereses
posicionar sus sedes centrales en Canadá y desde allí operar a toda la región
latinoamericana; esto explica la gran cantidad de empresas canadienses en suelo
mexicano y en otros países de la región como Guatemala o Perú.
Por otro lado, debe apuntarse que en nuestro país el reposicionamiento de
las compañías canadienses ha sido posible gracias a las reformas realizadas en
2006 a la Ley Minera, la cual fue modificada para lograr superar aquél candado
impuesto a las mineras transnacionales, además de otorgarles certeza jurídica y
económica, flexibilizando las leyes para permitirles la explotación de los bienes
naturales, entre los que se cuentan los minerales y el agua.
Uno de los principales problemas de La Ley Minera es que ésta tutela de
facto al Estado quien aparece como único dueño del territorio y, por lo tanto, se
adjudica el derecho de otorgar las concesiones mineras unilateralmente, sin
consultar a los posibles afectados. El artículo más claro en este sentido es el
Artículo 6 que establece que: “La exploración, explotación y beneficio de los
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minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, y serán
preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”, lo que en
palabras más simples significa que para el gobierno la explotación minera tiene
prioridad sobre cualquier otro uso alternativo de la tierra, inclusive el de la
agricultura o la vivienda.
De igual modo, debe señalarse que la Constitución Política del país en su
Artículo 27, establece en el mismo sentido que los derechos sobre los minerales
pertenecen a la nación y no a los propietarios de los terrenos. Esta disposición
sumada a la anterior que considera a la minería como una actividad prioritaria
sobre los diversos usos alternativos de la tierra, desequilibra fuertemente las
relaciones entre las empresas mineras transnacionales y los propietarios
individuales o colectivos, que muchas veces son comunidades indígenas cuya
sobrevivencia depende directamente de la tierra que han trabajado desde hace
cientos de años.
Asimismo, las reformas a la Ley Minera también derogaron el gravamen
fiscal que correspondía a la extracción de los minerales, lo que significa que las
empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, actualmente no pagan
impuestos al Estado por la extracción del oro, la plata o el cobre que comercian en
su beneficio. Otro privilegio que el gobierno otorgó a las empresas mineras es el
que se refiere a la utilización ilimitada y gratuita de las grandes cantidades de
agua que necesitan para la extracción de los minerales; así como el alargamiento
considerable de las concesiones mineras, las cuales se extienden en su mayoría
hasta por 50 años, incluida la opción de renovarse2. Por último, hay que decir que
a partir de las modificaciones a la Ley Minera de 2006 se eliminó la distinción entre
las concesiones de exploración y explotación, por lo que actualmente pueden ser
otorgadas de manera indistinta.
Sin lugar a dudas, esta base legal promulgada abiertamente a favor de las
empresas extranjeras, es la que ha permitido al gobierno mexicano, ahora con
Felipe Calderón a la cabeza, continuar con la política entreguista que en el rubro
de la minería pretende llamar todavía más inversiones transnacionales. Es en este
sentido que a principios de 2011, FECAL afirmaría que de acuerdo a numerosos
estudios científicos realizados por el Servicio Geológico Mexicano, el potencial
2
El tiempo de vida de una mina nunca supera los 50 años. El hecho de que las
concesiones puedan renovarse corresponde más bien a la necesidad de crear un control
monopólico del otorgamiento de las concesiones que permite a su vez controlar los precios de los
minerales.
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minero del país corresponde al 70% del territorio nacional; declaración que a todos
debería preocuparnos ya que si las empresas extranjeras logran apoderarse de
este porcentaje del territorio vía el otorgamiento de licencias mineras, la soberanía
del país sin duda se encontraría en un grave riesgo.
Sin embargo, el entusiasmo de Calderón sobre el tema de la minería
fácilmente puede ser impugnado por sus propias mentiras; por ejemplo, en su
Informe de Gobierno 2008, intentaba convencernos de que el 72.3% de la
inversión minera era nacional, y que provino de las empresas afiliadas a la
CAMIMEX (Cámara Minera de México), mientras que sólo el 27.7% correspondía
a las inversiones extranjeras. Lo que olvidó aclarar, fue que la mayoría de las
empresas transnacionales cuentan con subsidiarias registradas en el país, por lo
que en realidad forman parte de estas grandes compañías.
Con lo expuesto hasta ahora, es innegable que el negocio de los minerales
que, como vimos, opera mayoritariamente a favor de las empresas y compañías
con filiales en Canadá, ha seguido adelante gracias al favor de la ley, pero también
a espaldas del pueblo soberano; por ello, a lo largo del país cada día las mineras
encuentran mayores obstáculos para continuar con su política depredatoria, sobre
todo cuando la población es informada de los verdaderos efectos y las
afectaciones a su salud y a su territorio y por ello toma conciencia de lo importante
que resulta defenderlo.
Frente a este escenario de intensificación de las resistencias contra la
explotación minera, los gobiernos y las compañías se han esforzado en divulgar
varios mitos para tratar de convencernos de que ésta es una actividad
fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos. Sin
embargo, lo que omiten mencionar es que la mayoría de las veces los empleos
creados para la población local son de corto plazo y remunerados con salarios
muy bajos; eso por no hablar de la falta de medidas de seguridad en las
instalaciones mineras, situación que ya ha causado decenas de muertos en
nuestro país, 65 sólo en Pasta de Conchos y 14 en el incidente más reciente
ocurrido en la mina carbonera de Sabinas, Coahuila, el pasado 3 de mayo de
2011.
Otro dato que prefieren mantener en silencio, es que a pesar de los altos
subsidios gubernamentales, las compañías mineras dejan tras de sí una secuela
de destrucción de la cual no se hacen responsables, remitiendo muchas veces a
los gobiernos locales el problema de cómo deshacerse de los residuos tóxicos, lo
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que deriva en la emergencia de zonas desoladas e inhabitables mejor conocidas
como “pueblos fantasma”. El costo ambiental y de largo plazo que se estima en
centenares de años para las comunidades locales nunca se calcula. En México,
actualmente no existe un requisito legal que obligue a la realización de audiencias
públicas en las que se informe a la población afectada sobre los daños que
representa esta actividad. Dichas audiencias tendrían que llevarse a cabo
previamente al otorgamiento de las concesiones mineras.
En el sentido de sus afectaciones, numerosos estudios han comprobado
que la extracción minera genera la contaminación de poblados completos, la
mayoría de las veces por la degradación de montañas de piedra que contienen
residuos de arsénico que la lluvia filtra al subsuelo o son evaporados por el sol. Al
final, los más afectados son los habitantes del lugar donde se instala la mina
porque la contaminación: se bebe o se respira.
Otro dato que corrobora la alta peligrosidad de la extracción minera, sobre
todo la que se realiza a “cielo abierto”, es la utilización de cianuro, un veneno
tóxico que ha llevado a vetar o prohibir esté tipo de actividad en varios distritos de
los Estados Unidos, en parte de Australia, Costa Rica, Alemania, Turquía y en
algunos municipios de Argentina.3
A estos preocupantes datos sobre la contaminación, habría que agregar
también el desplazamiento forzado o el desalojo de miles de personas, con el fin
de establecer en sus territorios minas de alta tecnología.
Por otro lado, debe señalarse que la extracción minera persigue un plan
geopolítico que tiene alcances más allá del territorio mexicano y que, como
muchos otros planes, sirve a los propósitos hegemónicos de nuestro vecino del
norte, pues muchos minerales que se encuentran en países como México, Perú o
Guatemala están vinculados al interés militar e industrial de los Estados Unidos.
Como señala Gian Carlo Delgado, economista especialista en ecología de la
UNAM: “América Latina no es el traspatio de Estados Unidos, sino su reserva de
recursos minerales estratégicos, críticos y esenciales que le permiten preservar su
hegemonía. Este escenario permite comprender el alcance de la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada por México,
Canadá y Estados Unidos en marzo de 2005 para respaldar la presencia de
3
“La Minería de Metales en Centroamérica: Dolor y Resistencia”; Oxfam América, 2008.
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cientos de empresas mineras canadienses y estadounidenses”.4
En nuestro país, el problema principal reside justamente en que las
comunidades locales afectadas por los distintos proyectos mineros son las últimas
en enterarse de este tipo de información. Esto es así porque sin duda las
empresas transnacionales y los tres poderes del Estado saben muy bien que la
información es el peor enemigo de sus intereses económicos, como lo demuestran
las diferentes luchas y resistencias contra las mineras que han surgido a lo largo
del país.
Desde Sonora y la histórica lucha de Cananea, bajando por Real de
Catorce en San Luís de Potosí; y en el mismo estado la incesante lucha del Frente
Amplio Opositor a la minera del Cerro San Javier, así como la resistencia de los
huicholes en defensa de su ruta ceremonial que pretende ser invadida por una
gran mina que al día de hoy no cuenta con los estudios técnicos y de impacto
ambiental; o la lucha de los ejidatarios de Zacatecas en contra de una de las
minas de oro a cielo abierto más grande del mundo; extendiéndose a la Policía
Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero con sus asambleas y
actas en rechazo a los proyectos extraccioncitas; hasta llegar a Chiapas donde la
lucha de Mariano Abarca, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA), quien fuera asesinado en noviembre de 2009 por los guardias de
seguridad de la empresa minera “Blackfire” en Chicomunselo, logró que se
clausurara la mina de barita de esta empresa; o finalmente, los municipios de
Oaxaca regidos por usos y costumbres que resisten y luchan contra los diferentes
proyectos de explotación minera como el de San José del Progreso o Calpulalpam
de Méndez, entre muchos otros.
Y un poco más allá de las fronteras mexicanas, la decenas de consultas
comunitarias, alrededor de 55, realizadas en los diferentes departamentos y
pueblos indígenas de Guatemala5, todas con el mismo resultado de un ¡NO!
rotundo a la presencia de las compañías mineras en sus territorios; o el Congreso
de Costa Rica que bajo la presión de los pueblos en resistencia ha vetado la
extracción de minerales a cielo abierto en todo el país, prohibición que en el
mismo sentido se apresta a firmar próximamente el congreso de Argentina. Y en
4
Egremy, N. (2009, 22 noviembre). Oro, plata y minerales mexicanos preservan la
hegemonía estadunidense, Contralínea. Consultado el 8 de julio 2010 en
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/22/oro-plata-y-minerales-mexicanospreservan-la-hegemonia-estadunidense/
5
Para mayor información puede consultarse la siguiente página de internet.
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todo el continente la lista es larga, y va en aumento cada día…
2. Situación general de la Minería en Oaxaca
Oaxaca es un estado rico en minerales, en el territorio que abarca la entidad
existen una gran diversidad, pero destacan principalmente: la plata, el oro, el
plomo, el zinc, el hierro, el cobre, el titanio y el uranio. De acuerdo a los datos de
la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, para el año 2008 las concesiones
para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio del estado, lo que
equivale a más de un millón de hectáreas. Asimismo, según el CRM (Consejo de
Recursos Minerales), Oaxaca es una de las principales áreas mineras del país
donde, de los 570 municipios, se ha comprobado que 201 poseen yacimientos
mineros estratégicos.
Si observamos los datos más recientes que ha publicado la Dirección General de
Minas de la Secretaría de
Economía, a través de información
proporcionada por la Coordinación
General de Minería y por la
Dirección
de
Cartografía
y
6
Concesiones Mineras , podemos
ver que desde el 1 de enero del
año 2000 y hasta el 30 de
septiembre de 2010, sólo para el
Estado
de
Oaxaca
fueron
concedidos
366
títulos
de
exploración
y
explotación
minera que suman un total de
2624687.11 hectáreas, que por
obra del gobierno ya no pertenecen
al pueblo de Oaxaca sino a las
empresas mineras en su mayoría
transnacionales.
Panorama minero del estado de Oaxaca, Agosto
2010, p.13, en: www.sgm.gob.mx
6
Debe aclararse también que
existen compañías que cuentan
www.economia-dgm.gob.mx
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con varios títulos y proyectos de manera simultánea en diferentes municipios del
estado, y que principalmente son de origen canadiense, o filiales de compañías
registradas en Canadá.
8
Por cantidad de hectáreas en posesión son las siguientes:
Nombre de la minera
Minera del Norte S. A. de C. V.
Cantidad de
Hectáreas
292386.2287 ht.
No.
de Licencias
3 licencias
José Erasmo Cerón Lima
272154.3167 ht.
2 licencias
Minerales de Prado, S. A. de C. V.
225787.9377 ht.
19 licencias
Exploraciones Mineras Parreña, S. A. de 169435.2025 ht.
C. V.
Continuum Resource Mexico, S. A. de C. 166433.4036 ht.
V.
Intrepid Mines México, S. A. de C. V.
144721.3134 ht.
21 licencias
Geometales del Norte-Geonorte, S. A. de 139952.509 ht.
C. V.
Minera Aurea, S. A. de C. V.:
74460.2134 ht.
6 licencias
Compañía Minera Cuzcatlán, S. A. de 66843.4105 ht.
C.V.
Compañía Minera Zapata, S. A. de C.V.
64982.863 ht.
17 licencias
Mittal Steel Molinos, S. A. de C. V.
43900.9944 ht.
4 licencias
Don David Gold, S. A. de C. V.
29760.6165 ht.
15 licencias
Arco Exploraciones S. A. de C. V.
23479.953 ht.
3 licencias
Minera Zalamera, S. A. de C. V.
20661.8332 ht.
7 licencias
Linear Gold México, S. A: de C. V.
15125.0 ht.
3 licencias
Minera Phelps Dodge México S. de R. L. 14276.9904 ht.
de C.V. Ant.
27 licencias
3 licencias
3 licencias
8 licencias
9 licencias
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Es importante señalar que muchas de estas compañías son subsidiarias o “presta
nombres” de las mineras transnacionales, en su mayoría de origen canadiense,
quienes son las verdaderas dueñas, y a las que se han concesionado en total más
de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 15% del territorio estatal para
exploración y explotación de oro, plata, plomo, hierro, zinc, bentonita y cobre.
Asimismo, como adelantamos más arriba, la mayoría de estas licencias cuentan
con una validez de 50 años y si bien algunas son pequeñas o menores a 20
hectáreas de superficie, existen otras que abarcan más de 20 mil hectáreas.
Por otro lado, las regiones del Estado donde existe mayor penetración de
empresas mineras son: Valles Centrales, con 132 licencias mineras otorgadas;
Sierra Norte, con 59 licencias; Sierra Sur, con 42 licencias; y la Mixteca con 34
licencias. Los distritos mineros que hasta la fecha han sido más explorados y que
cuentan con el mayor número de licencias concedidas por número de hectáreas
son los siguientes:
Nombre del
Municipio
Cantidad de
Hectáreas
No.
de Licencias
Yautepec
492158.0920 ht.
25 licencias
Sola de Vega
476854.8593 ht.
13 licencias
Ejutla
251629.8844 ht.
25 licencias
Tlacolula
240177.2516 ht.
47 licencias
Villa Alta
229230.4028 ht.
17 licencias
Juchitán
223339.8888 ht
29 licencias
Tehuantepec
117734.0398 ht.
45 licencias
Tuxtepec
83925.0 ht.
5 licencias
Ocotlán
77653.1745 ht.
38 licencias
Huajuapan
73772.6453 ht.
14 licencias
Nochixtlán
70884.4646 ht.
3 licencias
Silacayoapam:
56107.5062 ht.
9 licencias
Zaachila:
49697.432 ht.
9 licencias
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En resumen, podemos decir que todos los municipios referidos en la tabla, ahora
pertenecen casi en su totalidad a las compañías mineras transnacionales y no al
pueblo soberano, y parece que a las autoridades les da igual si éste fue informado
o consultado sobre dichas concesiones, o tal vez en muchos de estos municipios
ni siquiera se han enterado de que están sentados sobre un terreno que ya no es
suyo.
En Oaxaca, existen sólo dos comunidades originarias -Santa María Ecatepec
y San Baltasar Guelavila-, que están involucradas en la extracción minera
mediante una concesión propia, la cual opera mediante un convenio realizado con
algunas compañías mineras, lo que les permite beneficiarse directamente de los
minerales extraídos de sus terrenos; sin embargo, estos casos son una excepción.
Como vimos, el escenario real de Oaxaca es totalmente contrario, ya que las
concesiones otorgadas por el gobierno federal no están en manos de las
comunidades, sino de las transnacionales, lo que significa que éstas ya no son
consideradas como las dueñas legítimas de los minerales que se encuentran en
sus territorios.
Éste es sólo uno de los muchos problemas a los cuales tienen que
enfrentarse los pueblos de los diferentes municipios de Oaxaca donde se han
otorgado licencias mineras. Existen otros muchos que, además, afectan
directamente sus derechos sociales, económicos y culturales; entre los problemas
más comunes que acarrea la minería podemos mencionar:
La contaminación del agua a través de la utilización de químicos
tóxicos como el cianuro, el mercurio, el arsénico y el sulfato de cobre,
los cuales son necesarios para la separación de los minerales; este tipo de
sustancias envenenan irreparablemente el agua provocando, por ejemplo,
la muerte del ganado y la desaparición misma de los manantiales que
abastecen las comunidades para su uso doméstico, todo este desastre en
beneficio de la mina. Asimismo, está probado que la actividad minera
requiere grandes cantidades de agua, de tal forma que, lo que una
comunidad alcanza a consumir aproximadamente en dos años, la compañía
en sus procesos puede consumirlo en una hora (250,000 litros).
Debilitación y fractura de los cimientos de las casas a causa de las
explosiones con dinamita para la construcción de los túneles. Algunas
minas ya en función pueden utilizar hasta 25 toneladas diarias de
explosivos, lo que representa un riesgo para la población, pues de acuerdo
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a la norma internacional esta carga debe utilizarse a una distancia mínima
de 20 kilómetros de los centros poblados, cosa que no sucede, ya que
muchas mineras se instalan a no más de 10 kilómetros de las zonas
urbanas. Además, en el proceso de tronadora o voladura, muchas veces se
depositan toneladas de dinamita que provocan altas concentraciones de
nitrato y monóxido de carbono que pueden causar vómito, asfixia, irritación
de los pulmones, pérdida de conciencia e incluso la muerte.
A continuación presentamos de manera resumida las principales
afectaciones a la salud y al medio ambiente provocadas por la actividad minera.
2.1 Afectaciones a la salud
Algunos estudios realizados en Ecuador, Perú y otras partes de América
Latina, reportan los siguientes impactos de la minería a la salud:7
PROCESOS O
FASES DE LA
EXPLOTACIÓN DE
UNA MINA
TRONADURAS O
VOLADURAS
ACTIVIDADES QUE DAÑAN LA
SALUD
IMPACTOS EN LA SALUD
Depósito de toneladas de dinamita
lo cual provoca alta concentración
de nitratos y monóxido de carbono.
Vómito, asfixia, decaimiento, irritación del
tejido pulmonar, pérdida de conciencia y
muerte.
Inhalación de polvos de sílice en las
tareas de perforación, detonación,
excavación, carga, transporte,
trituración y almacenamiento.
Inhalación de polvos de plomo
Otras enfermedades como la neumonía y
la tuberculosis.
Enfermedad de saturnismo (tarda más de
diez años en aparecer abiertamente),
provoca anemia y afecta los diferentes
órganos del cuerpo humano, los niños
pierden la capacidad de aprendizaje y
presentan retraso en el crecimiento.
Afecta al sistema nervioso, produciendo
alteraciones del carácter, irritabilidad e
insomnio, falta de concentración y
dificultad en el movimiento de las
7
Información resumida de: CEIBA (Asociación para la promoción y el desarrollo de la
comunidad) (octubre 2008). La ruta del oro, Guatemala, ediciones CEIBA; y Boletín Alerta Verde de
Acción Ecológica No. 67 de Ecuador y www.noalamineria.wordpress.com
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FASE DE
TRITURACIÓN Y
MACHACADO DEL
MATERIAL
Emisión de grandes cantidades de
polvo, compuestos radioactivos y
residuos tóxicos a la atmósfera,
compuestos ácidos.
Se utilizan grandes cantidades de
agua que posteriormente son
arrojadas a los ríos y lagunas
contaminando con alto grado de
metales pesados como el azufre,
cromo, cadmio, oro, etc.
FASE DE
LIXIVIACIÓN U
OTRO PROCESO
DE RECUPERACIÓN
Uso de sustancias tóxicas (cianuro
potásico, mercurio, azufre)
extremidades.
Afecta las células germinativas (óvulos y
espermatozoides) y como efectos
encontramos malformaciones congénitas,
abortos, partos prematuros y otras
alteraciones en el embarazo y el parto.
Cuando el plomo se acumula en los
huesos impide la producción de sangre.
Cuando es muy avanzada la intoxicación,
provoca dolores estomacales agudos,
línea azul en las encías, temblores y
convulsiones, problemas renales y muerte
por insuficiencia renal.
Irritación de las vías respiratorias,
toxicidad pulmonar y bronquitis.
Irritación gastrointestinal, náuseas,
vómitos y dolor.
La intoxicación crónica causa severos
daños renales, disminuye la capacidad
pulmonar, produciendo enfisema y cáncer.
Alteraciones genéticas como
malformaciones cerebrales y
craneoencefálicas y complicaciones en el
embarazo y parto.
La absorción del mercurio (puede
permanecer en el ambiente más de 100
años), las intoxicaciones agudas pueden
provocar: irritaciones cutáneas, dolor en el
pecho, dificultad para respirar, tos, sabor
metálico en la boca, náusea, diarrea, dolor
de cabeza, dolores musculares,
alteraciones visuales y auditivas,
alteraciones mentales, inflamación de las
encías, riñones, temblor de los músculos.
La muerte puede sobrevenir por edema,
destrucción del tejido pulmonar,
insuficiencia renal.
Los efectos de las intoxicaciones crónicas
son: temblores con movimientos toscos,
sacudidas que comienzan en los dedos de
las manos, párpados, labios y lengua,
luego brazos, piernas y cabeza lo que
provoca falta de coordinación de los
movimientos, disminución de la visión,
inflamación de las conjuntivas,
insuficiencia renal y también alteraciones
genéticas en las células germinativas.
El cianuro al inhalarse, ingerirse o
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PROCESO DE
FUNDICIÓN
Durante la fundición emana humos
que contienen partículas en
suspensión y metales pesados
(arsénico) que no se degradan, ni
se evaporan
ABANDONO
YACIMIENTOS
MINEROS
PISCINAS DE
RELAVES Y LAS
ECORIAS
DE
Emisiones de polvo, contaminación
por acumulación de compuestos
ácidos en las áreas de lixiviación
por efecto del viento
Son desechos de los procesos de
molienda y la fundición del mineral,
que son depositados en lagos,
campos y ríos, contaminando las
aguas de uso doméstico y grandes
extensiones de tierras agrícolas.
Estos desechos contienen sílice,
azufre, fierro, cobre y óxidos.
ingresar por la vía de la piel, puede
ocasionar intoxicaciones agudas que
tienen muchos efectos: problemas
respiratorios y del sistema nervioso, baja
de la presión arterial, pérdida de la
conciencia y muerte.
En la intoxicación crónica sus efectos son:
irritación de las mucosas, reacciones
alérgicas, toxicidad del sistema nervioso,
dificultad de la visión, la glándula tiroides
es afectada causando diversos trastornos
como retardo mental o psíquico.
El azufre provoca irritación de las
mucosas y las conjuntivas.
Mediante el consumo de alimentos
ingresa al cuerpo el meta pesado llamado
arsénico, que provoca disminución de
glóbulos rojos y blancos, toxicidad
cardiovascular, daños hepáticos y renales.
Característica típica de la contaminación
de arsénico en la piel es que aparecen
manchas claras y obscuras que forman
pequeños “callos” en las palmas de las
manos, plantas de los pies que pueden
transformarse en cáncer de la piel, daños
genéticos como malformaciones oculares
y renales, abortos y complicaciones en el
embarazo.
Los efectos son los mismos que en la fase
de explotación.
Los daños a la salud son los mencionados
en la etapa de la molienda y lixiviación.
Fuente: Tomado de la página web www.noalamineria.com, Boletín Alerta Verde de Acción
Ecológica, No. 67.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la industria de la minería
está catalogada como una de las actividades más contaminantes y dañinas para la
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salud humana, el cuadro anterior refleja que los daños no son focalizados en una
u otra enfermedad, son generales por lo que las empresas mineras muchas veces
no asumen los efectos que provocan.
14
Además, muchas de las enfermedades descritas tardan en aparecer entre 6
y 20 años, las empresas mineras tienen una vida útil de 10 años, si hacemos está
relación nos damos cuenta de que al momento de salir las mineras, las
enfermedades apenas van apareciendo por lo que las empresas ya no aceptan
dichos daños.
2.2 Afectaciones al medio ambiente
PROCESOS O ETAPAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE UNA MINA
IMPACTOS AMBIENTALES
Remoción de cobertura vegetal
Destrucción del área vegetal y
migración de las especies nativas
Remoción del suelo
Desechos líquidos
Separación del suelo fértil y de la
roca
Eliminación de suelo fértil
Contaminación del aire por
pulverización
Emisión de ruido
Detonación de dinamita
Transportación a pila de material
Contaminación del aire por
polución y dióxido y monóxido de
carbono
Ruido
Apilaje de material y descarga de
material al fracturador de roca
Contaminación del aire por
polución y dióxido y monóxido de
carbono
Alimentadores por vibración y
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triturador por mandíbulas
Ruido
Alimentadores por vibración y
triturador por mandíbulas
Uso de agua y energía
Molino sag, pantalla de vibración,
pantalla de seguridad estática,
bomba de alimentación, ciclones
y molino de bolas, triturador de
cono.
Contaminación por ruido
15
Polución y dióxido y monóxido de
carbono
Uso de agua y energía
Proceso de merril crowe de
lixiviación, esperador de
molienda, bomba de esperador
de molienda, tanques de
lixiviación
Toxicidad por uso de químicos
contaminantes en los organismos
bióticos y abióticos, por medio de
vapores y contacto directo
Uso de agua y energía
Fuente: CEIBA (Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad) (octubre 2008). La ruta del oro,
Guatemala, ediciones CEIBA.
Muchas de las afectaciones referidas en la tabla son evaluadas en teoría por los
llamados “Estudios de Impacto Ambiental” (EIA), que en nuestro país realizan
principalmente instancias como la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), o la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); dichos
estudios servirían supuestamente para valorar la viabilidad o sustentabilidad de un
proyecto minero y para, de acuerdo a sus resultados, otorgar o no una concesión
de explotación minera; sin embargo, hay que decir que este tipo de estudios la
mayoría de las veces son realizados a través de cálculos estadísticos basados en
“supuestos” y no en datos reales, lo que quiere decir que parten de la errónea idea
de que los daños provocados por la actividad minera pueden ser calculables,
reparables y reversibles pero, en este caso, si analizamos la gráfica de i
mpactos presentada más arriba, resulta que en realidad muchos de los daños
mencionados resultan incalculables, irreversibles e irreparables.
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Por ejemplo, para hablar de un caso concreto podemos referirnos al
relacionado con la remoción de la cobertura vegetal, ya que realmente resulta
difícil creer que al retiro de la mina sea posible contar con un bosque o una
floresta natural como la que originalmente se encontraba en el lugar. Se ha
comprobado que muchas veces las plantaciones de árboles en las zonas
afectadas no sustituyen ni en un 10% los niveles de la biodiversidad originaria que
fue destruida.
Esto es así porque se sabe que, por ejemplo, para extraer 0.5 gramos de
oro, en ocasiones las mineras necesitan remover hasta 20 toneladas de tierra que
después serán acumuladas cerca
de donde se abren los cráteres, lo
que literalmente representa una
locura en términos de impactos
ambientales y sociales; en otras
palabras, cuando en 50 años
concluya
el
plazo
de
las
concesiones de las minas, lo que
recibirán los antiguos dueños de
los terrenos serán sólo cráteres y
montañas de tierra y piedra
contaminadas.
Así ocurrió en la mina de
plomo, plata y zinc del Grupo
CONDUMEX, de nombre “Real de
Ángeles” en Zacatecas, la cual ya
ha dejado de funcionar, pero aún
sigue esparciendo sus desechos
tóxicos a lo largo de cientos de
hectáreas
que
han
sido
contaminadas con cianuro dejando
las tierras inservibles. Los campesinos locales confirmaron que antes de la llegada
de la minera ésa era una zona agrícola y ganadera muy productiva; sin embargo,
después de concluir la explotación, sólo quedo desolación y pobreza en las
comunidades.
Por otro lado, es importante mencionar que los nuevos modelos
extractivistas de la llamada “minería a cielo abierto”, son los que resultan más
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peligrosos para el medio ambiente ya que destruyen y desnudan los cerros y
utilizan grandes cantidades de cianuro. Como ejemplo de este tipo de actividad
minera, tenemos el de de San Javier en San Luís Potosí, donde, a pesar de ser
una mina de tamaño medio, diariamente se utilizan hasta 16 toneladas de cianuro.
Para el caso de Oaxaca, existe el ejemplo de la mina que pretende
instalarse en Santa María Xaniza, la cual de acuerdo a estudios recientes
albergaría la mina de hierro más grande del mundo, lo que significa que sus
efectos contaminantes alcanzarían a por lo menos la mitad del Estado.8
En resumen, si analizamos los datos anteriores, resulta de fundamental
importancia que las comunidades puedan disponer de información fidedigna y
debidamente fundamentada de los impactos potenciales que la actividad minera
puede tener sobre los distintos sistemas ecológicos que albergan sus territorios.
Como ya antes mencionamos, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que
realizan SEMARNAT o CONAGUA, en teoría deberían cumplir con esta función;
también las propias compañías mineras están obligadas a realizar evaluaciones
técnicas que después presentan a estas mismas instancias; sin embargo, ni los
unos ni los otros resultan confiables, ya que además de la baja calidad técnica,
parece que la falta de objetividad, -tanto de los EIA como de los documentos
técnicos presentados por las empresas mineras y/o consultoras que las empresas
contratan-, es su principal característica.
Algunas asociaciones profesionales de abogados comprometidos con las
comunidades afectadas ya han considerado seriamente la posibilidad de iniciar
acciones legales contra “profesionales” y “funcionarios” que avalen informes
inaceptables debido a su pobre calidad técnica. En este caso lo que está detrás es
un claro conflicto de intereses entre los resultados que obtienen las empresas
consultoras y los que espera recibir quien provee los fondos. Con todo, es
evidente que ajustar o manipular los métodos y/o resultados de un EIA en función
de las expectativas de su cliente, es decir, la “compañía minera”, resulta
éticamente inaceptable.9
8
www.proyectocerro.blogspot.com
Actualmente existe una propuesta de la Cámara Minera Mexicana, abiertamente
presionada por las empresas mineras extranjeras, para modificar la Ley Minera y que no sea
necesario el EIA.
9
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2.3 Conflictos comunitarios y afectación del tejido social
A nivel social la situación creada por las compañías mineras puede resultar igual
de problemática y compleja que las afectaciones a la salud o al medio ambiente.
En primer lugar, habría que destacar la división intercomunitaria que las empresas
generan entre la gente de los pueblos afectados, aún antes de iniciar formalmente
los proyectos. Previo a su instalación en la zona, la división puede generar fuertes
confrontaciones, por ejemplo, entre quienes estás a favor del supuesto “desarrollo”
que la actividad minera traería consigo y quienes piensan que es necesario
realizar una consulta y defender sus tierras para las futuras generaciones.
Lo que es importante señalar en este caso, es que las compañías mineras,
muchas veces en complicidad con el gobierno, utilizan diferentes mecanismos
para tratar de convencer a la población. El primero de estos mecanismos es
justamente la desinformación sobre los efectos que causará la extracción minera
en los territorios de las comunidades. También es importante apuntar la presión
que las empresas ejercen sobre los presidentes municipales que, en última
instancia son los que deciden el cambio de uso de suelo. Asimismo, se intenta
convencer a los vecinos por todos los medios para que vendan sus terrenos,
muchas veces ofreciéndoles verdaderas migajas, y en esto el trabajo les es
facilitado por los gobiernos estatales, municipales y locales, que participan con sus
prebendas y con el condicionamiento de los programas de gobierno. De este
modo, empresa minera y autoridades locales, comienzan a buscar de manera
particular a diferentes ejidatarios para ofrecerles dinero, ropa, materiales de
construcción y algunos apoyos a cambio de sus firmas de autorización para
vender sus terrenos y aprobar los proyectos. Es decir que las mineras, en muchos
casos, utilizan las mismas viejas prácticas de los partidos para aprovecharse de la
gente entregando recursos a cambio de firmas.
De igual manera, las empresas mineras, siempre en alianza con los
diferentes poderes del Estado y los partidos políticos, utilizan la estrategia de
generar divisiones entre comunidades vecinas, por supuestos o reales conflictos
agrarios o de límites territoriales, aprovechándose de esta manera de las tierras en
litigio, que la mayoría de las veces, se encuentran donde ya está concesionada
una licencia minera (en otro caso una hidroeléctrica, un parque eólico, una
supercarretera). Si miramos actualmente cuales son los conflictos agrarios sin
resolver en el Estado de Oaxaca podemos confirmar lo anterior:
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Actuales conflictos intercomunitarios donde existen
licencias mineras
San Juan Mixtepec
Santo Domingo Yosoñama
Santa Catarina Yosonotú
Santa Lucía Monteverde
Cuilapan de Guerrero
San Pablo Cuatro Venado
Santa María Xaniza,
Santiago Textitlan
Santo Domingo Ixcatlán
Teojomulco-Santiago Amoltepec
San Sebastián Nopalera
Zimatlán de Lázaro Cárdenas
Tlazoyaltepec
Santa María Peñoles, San Miguel
Peras
Chalcatongo
En todas estas zonas de conflictos “intercomunitarios” existe presencia de
diferentes licencias de exploración y explotación minera, como se puede observar
en los datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.
Además, y no hay que olvidarlo, en todos los países donde se están
implementando megaproyectos a espaldas de la población, el Estado incrementa
el presupuesto al ejército con la finalidad de defender los intereses de las
empresas, al mismo tiempo que existe un reposicionamiento estratégico o la
instalación de bases militares en los territorios que se encuentran actualmente en
disputa con el fin de apoyar a las transnacionales y actuar en contra de las
comunidades locales. Por si fuera poco, las mismas empresas cuentan con sus
propios guardias de seguridad privada que accionan de la misma forma que las
fuerzas armadas y gozan de total impunidad.
De acuerdo a la experiencia de varios países como Guatemala, Perú y
ahora México, es innegable que las grandes empresas mineras transnacionales
promueven la estrategia de crear conflictos en las comunidades, además de los
desplazamientos y en algunos casos también el exterminio fratricida en zonas
prioritarias para la explotación.
En este sentido es importante repasar la geografía de los asesinatos de
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líderes comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.
La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están
pobladas, es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca:
pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro
en Calpulalpam (Sierra Norte); 10 años de provocaciones constantes en las
inmediaciones de Textitlán y Xaniza, en la Sierra Sur, por un descomunal
yacimiento de hierro; así como las recientes provocaciones que padecen los
habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el
Cuajilote por intentar frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles
Centrales. 10
Un ejemplo de lo que puede hacer una empresa minera, de su influencia a
nivel de Gobierno estatal y federal y de las consecuencias para la población es el
caso de los Loxichas. Los verdaderos motivos de todo lo que pasó en esta región
desde 1994, fue aplicar una estrategia de desplazamiento y emigración forzada de
la población mediante una guerra de baja intensidad. El pretexto fue la presunta
presencia del EPR; sin embargo, lo que poco se ventiló en los medios de
comunicación, es que esta región es rica en yacimientos de uranio y titano,
minerales que se utilizan en la industria militar y nuclear. La concesión minera de
exploración fue otorgada en el 2002 a la empresa Kennecott S. A. de C. V.
proveniente de Canadá, por un lote llamado Elvira de 7979 hectáreas en el
municipio de Candelaria Loxicha. La misma empresa Kennecott, antes de esta
concesión, a través de una filial registrada en México, ejecutó obras de
exploración, incluyendo perforación, además de extraer mineral de titanio de las
concesiones Elvira I, II y III, por seis años hasta el 1999. La compañía es una filial
del conglomerado anglo-australiano “Río Tinto”.
Otra licencia en el área, siempre en Candelaria Loxicha, es la de
exploración con el número de registro 219928 que consta de 4469.3686 ha. y es
propiedad de la empresa Minera SECOTEC S. A. de C. V. en el lote llamado “La
Oaxaquita” de fecha 07/05/2203 a 06/05/2009. Hay que mencionar que según la
ley mexicana, la extracción y procesamiento de uranio (lo que hace la empresa
Kennecott) es prerrogativa exclusiva del Gobierno Federal.
No obstante, el caso más importante en la actualidad por sus trágicas
10
Martínez Morales, Manuel, “Del dulce de leche, a los yacimientos mineros..”, 17 de
Octubre 2010, La Jornada de Veracruz.
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repercusiones es, sin duda, el de San Juan Copala. Diferentes estudiosos y
periodistas han empezado a investigar las motivaciones de fondo del conflicto en
esta zona, y todos han llegado a la misma conclusión:
21
El asedio criminal sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, tiene
como causa original, no las disputas intercomunitarias, sino el interés de
corporaciones transnacionales por apoderarse de los yacimientos mineros
ubicados en la región. Al respecto, señala Andrés Barreda: “La agresión de los
paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan
Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo,
atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de
Juxtlahuaca. En este municipio se localizan 11 yacimientos de metales
importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de
plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del
municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de
cuatro kilómetros de San Juan Copala”.11
A pesar de todo, y haciendo uso del derecho de la población a ser
consultada y previamente informada sobre las causas y efectos de este tipo de
proyectos, las comunidades, a través de su lucha y concientización y gracias a la
información de los medios independientes no estatales, sigue resistiendo.
Por otro lado, en este escenario también existen comunidades que ponen
en duda la legalidad de los procesos de venta de tierra debido a que su asamblea
ejidal nunca finalizó el proceso de privatización de sus tierras, y sólo por eso
siguen siendo propiedad colectiva. Otras que reclaman que nunca se realizó una
asamblea general de ejidatarios para autorizar la exploración y usufructo de las
tierras. Y otras más que acusan a las autoridades municipales de haber firmado
concesiones sin el respaldo de la comunidad misma.
Sin embargo, frente a estas oposiciones, las empresas amparadas por el
gobierno en turno responden con los instrumentos de siempre; el uso de la fuerza
pública para desalojar a los habitantes que hacen manifiesta su inconformidad; la
detención y encarcelamiento de activistas de la comunidad y la utilización de
grupos de choque, muchas veces de la misma comunidad, quienes con prebendas
11
Andrés Barreda: “Avaricia minera, trasfondo de San Juan Copala”; Ojarasca, octubre
2010.
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han sido comprados. Además, cuando la población que sería afectada por los
diferentes proyectos acude a las reuniones ejidales y municipales para exigir
información, siempre les es negada. Este escenario hace que muchas de las
operaciones de la mina sean ilegales, ya que sólo la asamblea de ejidatarios
puede dar la autorización para la concesión de la tierra, lo cual no ocurre porque
nunca se efectúan las reuniones.
No hay que olvidar también que la extracción minera lleva consigo una serie
de otros diferentes megaproyectos necesarios para su funcionamiento y para la
comercialización de los minerales una vez que sean extraídos. Además del
consumo desmesurado de agua que necesita la minería para limpiar los metales,
agua que es fuente de existencia de los pueblos afectados, la mina para funcionar
necesita también de una gran cantidad de energía que el gobierno de Oaxaca le
provee a través de la construcción de hidroeléctricas (llamadas también presas);
así como de la implementación de parques eólicos. Finalmente, para que el
negocio funcione se necesita trasportar el mineral extraído, convertido en lingotes
hasta la casa madre en especie a Canadá; es por eso que están creciendo como
hongos las supercarreteras en todo el estado alrededor de donde se encuentran
licencias mineras, carreteras que llegan todas al mismo punto final, el puerto de
Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, de donde a través de grandes barcos el
oro y la plata llegan rápidamente hasta Canadá. Todo este escenario ¿a alguien le
recuerda el PPP (Plan Puebla-Panamá) ahora llamado Plan Mesoamérica?
Mientras tanto, los gobiernos estatal y federal continúan con su política
entreguista a favor del sector minero, sin escuchar la palabra de los pueblos; así lo
ha demostrado la Secretaría de Gobierno, en su publicación titulada: “Panorama
minero del estado de Oaxaca” fechada al 7 de julio del 2010 12, donde se puede
leer, en la presentación que: “… hoy en día tendremos que aprovechar sobre todo
por el alza de los metales, brindando además, confianza para la inversión”.
En la introducción de este mismo documento se dice también que:
“…actualmente existen aún áreas con reservas y leyes prometedoras sin
cuantificar. Los minerales que conforman las minas más importantes en la entidad
son: plata, cobre, hierro, grafito cristalino, carbón, yeso y travertino. Especialistas,
gobierno y capital privado coinciden en que el potencial minero del Estado se
puede perfilar como uno de los más importantes de la República Mexicana”.
12
Se puede consultar en www.sgm.go.mx/pdfs/OAXACA.pdf.
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Parece que entre el desarrollo que quieren imponer las empresas aliadas
con el gobierno y una forma de vivir respetuosa, en relación de armonía con la
naturaleza existe un abismo enorme en Oaxaca, que como en muchos otros
lugares de Abya Yala, donde históricamente han vivido las poblaciones indígenas,
encontrar puntos de acuerdo resulta cada vez más difícil porque otra vez
reaparece el espectro de los conquistadores, ahora con rostro canadiense. La
lucha se encuentra en el campo de los diferentes conceptos de desarrollo, uno del
pueblo y el otro neoliberal que quieren imponernos: Tierra y Territorio como objeto
mercantil o lugar sagrado de vida y convivencia.
Según las empresas privadas y sus gobernantes lacayos, el desarrollo se
basa en la negación del pueblo como sujeto de derecho con miras al despojo de
sus recursos naturales; ¡después de 518 años los pueblos originarios siguen
siendo el objeto del desarrollo de otros!
Si se busca un verdadero desarrollo para la población en el sentido de
mejorar sus condiciones de vida, antes que todo hace falta consultar a la
población misma sobre lo que realmente desean y sobre todo respetar sus tierras,
usos, cultura, y costumbres de la población, cosa que por cierto no se está
haciendo en lo que concierne a las licencias mineras.
Pero como la resistencia al saqueo no termina, existen todavía quienes se
quejan e intentan de muchas maneras convencernos de las bondades del
desarrollo que supuestamente trae consigo la actividad minera. Uno de estos
personajes es Juan Salinas Zermeño, delegado en Oaxaca de la Secretaría de
Economía del Gobierno de URO, es decir, la voz de la política estatal y federal,
que en diferentes entrevistas a distintos medios oaxaqueños nunca se canso de
insistir en tal argumento.
Por ejemplo, el 13 de marzo de 2010, en una entrevista al diario Despertar13
afirmaba que: “… a pesar de que el estado cuenta con un gran potencial minero,
unos 140 proyectos, el 40% de un total de 350 que existen en Oaxaca, se
encuentran parados debido a la falta de inversiones. En Oaxaca, como en todo el
mundo, la minería es una actividad económica que genera problemas sociales, sin
embargo, bien llevado es una industria generadora de educación y comercio, y
13
Maixueiro, L. P. (2010, 13 de marzo) Sin ejecutarse 350 proyectos mineros, Diario Despertar.
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mejora el nivel de vida de las poblaciones. El Servicio Geológico Mexicano (SGM)
ha analizado el subsuelo oaxaqueño y se tuvieron resultados importantes en los
que determinaron que sí existen yacimientos de minerales y metales valiosos para
su exploración, por lo cual el estado es atractivo a esta clase de inversiones”.
De allí pasa a “vendernos” sus ideas tal como si fueran productos, así como
le enseñaron: “… este tipo de proyectos ayudan a generar empleos, no sólo para
obreros, sino para ingenieros y técnicos profesionales para que elevan el nivel de
vida de las poblaciones y promuevan una educación de calidad. Sin embargo no
podemos cerrarnos al desarrollo económico a cambio de no dañar la ecología,
sino que se debe desarrollar la actividad económica logrando un desarrollo
ecológico y sustentable”.
En este caso hay que decir que muchos de estos “ingenieros” y “técnicos
profesionales” egresan del Tecnológico de Oaxaca, gracias al servicio social -que
en todo México es gratuito –pero que a ellos les paga la Fortuna Silver-, a cambio
de que al concluirlo se queden trabajando en la empresa como supervisores.
El mismo personaje, ahora amparándose en la legislación actual sobre el
tema minero sigue enumerando las recomendaciones a las cuales son obligadas
todas las empresas mineras que, tal vez sería bueno verificar si son respetadas:
“Entre los requisitos que deben cumplir las empresas para realizar exploración y
explotación, es la de retirar todas las plantas y el arbolado y colocarlo en
invernaderos para conservarlas ahí hasta que se concluya el proyecto.
Igualmente, la tierra donde están sembradas debe de ser removida y acumulada,
hasta dejar a la roca descubierta, para después volver a colocar la tierra retirada y
poder resembrar las plantas, y todo esto en el lapso posterior a la explotación,
donde los túneles mineros deben ser rellenados con el material extraído. La
Comisión Nacional del Agua supervisa continuamente que el agua empleada en la
ingeniería del proyecto no esté contaminada, sin embargo, explicó que si se diese
el caso, y los habitantes de la comunidad lo detectaran, se debe levantar un
proceso en la Profepa, la cual corroboraría si las acusaciones son ciertas, y de ser
así, el proyecto pude suspenderse”.
Tal vez el licenciado Salinas no está al corriente de que según estudios
internacionales sobre la extracción minera, las plantaciones de árboles en zonas
afectadas no sustituyen ni en un 10% los niveles de biodiversidad originaria
destruida. Ni tampoco sepa cuánto la empresa minera paga a CONAGUA para
“ajustar” los estudios sobre la calidad del agua en su favor, puesto que cualquier
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trabajo minero deja contaminación de sustancia tóxicas (base de la extracción) a
su alrededor, comprendidos los manantiales y mantos acuíferos. Para no ir muy
lejos podría preguntar a los ejidatarios del municipio de Cocula, Guerrero, donde
todos los cuerpos de agua han sido contaminados por arsénico, según estudios de
la Secretaría de Salud y la Comisión de Agua Potable.
En otra entrevista el mismo Salinas Zermeño 14 se lamentaba del hecho de
que: “… la negativa de algunas comunidades a que se exploren sus yacimientos
mineros, ha provocado la cancelación de por lo menos seis proyectos de inversión
nacional y extranjera”. Según él, el problema es que “… las empresas tienen la
obligación de trabajar con las comunidades para hacer inversiones de toda índole,
realizar campañas de reforestación, iniciar procesos de desarrollo urbano y social
como son la construcción de escuelas y hospitales a fin de mejorar las condiciones
de vida de los pobladores”.
Bajo este tipo de lógica y, por estas razones, las diferentes empresas
mineras ingresan siempre ofreciendo proyectos de desarrollo local, inversión en
salud y educación. ¡Pero no se puede hablar de inversión en salud cuando al
mismo tiempo la empresa contamina el agua y genera enfermedades! Además de
que, en principio, la provisión de estos servicios es una obligación de los
gobiernos y no de las empresas privadas.
Como señalamos antes, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud,
la industria minera es una de las actividades más contaminantes y dañinas a la
salud humana; muchas de las enfermedades tardan en aparecer entre 6 y 20
años, pero al salir la empresa minera es cuando inician a aparecer las
enfermedades por lo que éstas no aceptan reconocer el daño.
En este sentido, el tema de la minería en Oaxaca había permanecido sin
mayor atención en los últimos años hasta lo ocurrido en el año 2007 en
Capulálpam de Méndez, donde se denunció la explotación de oro y plata por parte
de una empresa canadiense y se pusieron al descubierto las diversas
problemáticas que trae consigo la minería.
14
Medrano, J. C. (2010, 3 de marzo). Protestas provocan retiro de seis proyectos mineros
en
Oaxaca:
SE.
Propuestaoaxaca,
consultado
el
3
de
julio
2010
en
http://www.propuestaoaxaca.com/index.php/inf-general/35-inf-general/346-protestas-provocanretiro-de-seis-proyectos-mineros-en-oaxaca-se
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Al respecto, en un artículo aparecido en el periódico La Jornada del 7 de
octubre del 200715 se afirma que: “En sólo siete años se secaron 13 de los 20
manantiales que existían en la comunidad de Calpulalpam de Méndez, resultado
de la explotación minera que realiza la compañía Natividad y Anexas, propiedad
de la empresa canadiense Continuum Resources. La Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) confirmó que la actividad minera captó la circulación de agua
subterránea que alimentaba a los manantiales”. El artículo sigue hablando de la
inspección que la delegación de la PROFEPA realizó en el lugar donde constató
que los residuos mineros conocidos como “jales” generados durante los procesos
de recuperación de metales se estaban vertiendo a los cuerpos de agua de la
zona, “lo que ocasionó un impacto significativo al ambiente; también detectó que la
compañía Natividad y Anexas viola la normatividad relativa al manejo de residuos
peligrosos. La minera incumplía con estas disposiciones, lo que también
representa un riesgo para el medio ambiente y la salud de los pobladores de
Calpulalpam de Méndez”. Debido a estas irregularidades la PROFEPA, en su
resolución administrativa número 260 del 20 de julio de 2007, ordenó la clausura
parcial temporal de las actividades de explotación de la mina, así como 17
medidas correctivas.
2.4 Sobre el derecho a la consulta
Uno de los principales problemas de la Ley Minera; así como de la forma en que
operan las mineras, se relaciona con el papel marginal en que se coloca a las
comunidades. La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre
proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha
llevado a situaciones en donde los derechos humanos que incluyen los
económicos, sociales y culturales, además del medio ambiente, han sido
severamente lesionados.
Desde los años 90 el Gobierno mexicano ha aportado diferentes
modificaciones de ley para poder vaciar de contenido las resoluciones
constitucionales que estaban a favor de las tierras y territorios de los pueblos;
dichas modificaciones incluyeron, por ejemplo, la Ley minera, la Ley de Aguas
15
Angeles Cruz Martínez “Operación de minera en Oaxaca acaba con manantiales de la zona”,
7 de octubre de 2007, La Jornada.
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Nacionales, la Ley Forestal y, la Ley de Protección al Ambiente. Actualmente, para
defender sus territorios los pueblos legítimamente dueños de ellos pueden
ampararse sólo en la Ley Agraria, específicamente en su Art. 23, donde se dice
que la comunidad puede dotarse de propias leyes, como la asamblea, siendo este
el último reducto de defensa en contra de la extracción minera por vía jurídica, a
través de la figura de propiedad comunitaria de la tierra.
La consultas a los pueblos, por su parte, no son mencionadas en ningún
momento en la Ley Minera, sin embargo, este derecho es reconocido por el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fuera
aprobado en 1989, y que como compromiso internacional tiene carácter de ley
suprema frente al derecho mexicano; es decir, que en términos de jerarquía
constitucional, ocupa una posición más elevada que la Ley Minera.
Hay que decir que México ratificó el Convenio 169 el 19 de agosto de 1990,
y que éste instrumento del derecho internacional en sus artículos 6 y 7 plantea el
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y participar en las decisiones
sobre su mismo desarrollo “cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas” que puedan afectarlos directamente, como es el caso de la
implementación de una minera en sus territorios.
De acuerdo al Convenio, los pueblos indígenas tienen el derecho a
rechazar las concesiones mineras que hayan sido otorgadas en sus territorios por
el gobierno (Art.15: derecho a la propiedad y posesión de la tierra). Y en el
Art.15.2 reafirma que si el estado tiene propiedad de minerales o recursos del
subsuelo en territorio de los pueblos indígenas, deberá establecer formas de
consulta antes de cualquier prospección o explotación, además de que los mismos
pueblos deberán participar en los beneficios que repartan tales actividades.
Otros instrumentos internacionales que amparan a los pueblos indígenas en
la defensa de sus territorios son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los pueblos Indígenas, aprobada el 13 de Septiembre del 2007 con
143 votos a favor, entre ellos el de México, así como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
La resistencia al saqueo de los recursos naturales de las tierras y territorios
indígenas no se detiene, al contrario siguen articulándose cada día más a nivel
extra nacional, como puede leerse en un comunicado publicado el 9 de agosto de
2010 (día internacional de los Pueblos Indígenas):
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“La Coordinación y Convergencia de Pueblos Originarios de Mesoamérica exigió
este día a los gobiernos y las empresas transnacionales que respeten las
decisiones de los pueblos que se oponen a los proyectos mineros, hidroeléctricos,
petroleros, a los monocultivos de caña y de palma africana. Un pronunciamiento
de la convergencia, integrada por organizaciones indígenas de México,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, denuncia el despojo de los territorios, el
saqueo irracional de los bienes naturales, los desalojos y los desplazamientos
forzados, la militarización de las comunidades y la criminalización de las
reivindicaciones, por parte de los Estados y las transnacionales en esos países”.
El documento señala que los megaproyectos que atentan contra los
derechos colectivos de los pueblos en Mesoamérica son financiados por el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros. Esta es parte
de la declaración:
“La Coordinación y Convergencia de Mesoamérica rechaza el neocolonialismo de
las transnacionales, exige la cancelación de las licencias de exploración y
explotación minera, el cese de la criminalización de las luchas de los pueblos en
resistencia y que los gobiernos acaten las resoluciones de los órganos
internacionales, relativas a la suspensión de las actividades extractivas, las
hidroeléctricas y las petroleras. Los pueblos originarios manifiestan su firme
compromiso y la relación armónica con la madre tierra, el cosmos y la reconstitución
del Buen Vivir y advirtieron que la resistencia contra el neoliberalismo y el
capitalismo racista y depredador se fortalecerán cada vez más en la región y el
continente”.
3. SAN JOSÉ DEL PROGRESO
En un esfuerzo por articular la resistencia de los pueblos contra la minera “Fortuna
Silver Mines” en San José del Progreso fue creado el “Consejo de Pueblos Unidos
del Valle de Ocotlán".
En 2009 los pobladores mantuvieron por varias semanas la toma de la Mina,
permaneciendo en plantón, al que acudieron varias organizaciones y colectivos en
solidaridad. Sin embargo, la mañana del 6 de mayo de 2009 una columna de
policías desalojó a los opositores a la mina; 54 camionetas llenas de elementos de
la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal llegaron a la mina para
devolverle a las mineras Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, y la
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empresa subsidiaria prestanombre mexicana CIA. MINERA CUZCATLAN, S.A. DE
C.V. el control sobre las tierras del pueblo de Ocotlán.
Posteriormente al desalojo, los pueblos del Valle de Ocotlán han continuado
la resistencia, por ejemplo, el 6 de Mayo del 2010 realizaron una Caravana al
cumplirse un año del desalojo desde San José del Progreso hasta el municipio de
Ocotlán, donde se realizaron pronunciamientos por la defensa de la tierra.
Una de las últimas agresiones contra los pobladores de San José del
Progreso, fue la que se llevó a cabo a finales de junio de 2010, la cual resultó en la
muerte de dos funcionarios priistas, además de la posterior ocupación de San
José por elementos de la Policía Preventiva Estatal, y del desalojo del Palacio
Municipal, así como la detención de varios pobladores y el sacerdote de la región.
Sobre esta última agresión hay que señalar el apoyo manifestado por el
Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez quien en un
comunicado publicado al día siguiente de los hechos afirmaba:
“Nosotros como comunidad Indígena que por más de 200 años las empresas
trasnacionales han saqueado nuestros recursos naturales dejando únicamente
muerte, contaminación y desaparición de mantos acuíferos, entendemos,
compartimos y nos solidarizamos con la preocupación de nuestros hermanos del
valle de Ocotlán, ante la amenaza de iniciarse los trabajos de explotación minera en
esta región. Nuestra comunidad desde el año 2005 ha iniciado una lucha en contra
de los proyectos mineros que empresas Canadienses con la anuencia de los
gobiernos estatal y federal han tratado de imponer en nuestra comunidad sin tomar
en cuenta las decisiones y opciones de desarrollo de nuestra comunidad,
violentando con esto la autonomía comunitaria y las leyes y tratados internacionales.
En este largo camino de resistencia hemos conocido y experimentado como los
gobiernos y empresas utilizan métodos violentos y de confrontación para dividir y
debilitar los movimientos en contra de estos proyectos y con esto dejar libre el
camino a la voracidad de estas empresas”.
Concluye con las siguientes exigencias:
El respeto de los derechos sobre el territorio y su medio ambiente de
los pueblos de Oaxaca.
La cancelación inmediata de los trabajos de explotación minera en el
valle de Ocotlán y en otras comunidades del Estado.
Que el gobierno Federal y Estatal instalen mesas de trabajo para el
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análisis de los procesos de otorgamiento de concesiones mineras en
territorio de comunidades Indígenas.
Sin embargo, después de la agresión, la mina fue cercada con maya
ciclónica y la presencia de la PFP se hizo permanente. Según información de los
propios pobladores, la minera a través de algunos empleados asegura que ya
tiene todos los permisos para continuar con sus operaciones, entre los trabajos
que continúan se encuentra la instalación de una tubería que parte de la mina
hacia Ocotlán por la que pretenden sacar el agua de los deshechos de la minera;
hay que decir que esta tubería no pudo ser instalada a mediados de junio de 2010
por el lado de Magdalena y, sin embargo, los trabajos han seguido avanzado por
el lado de San Dionisio y Santa Rosa.
Por otro lado, en el marco de la resistencia contra la minera, el Consejo de
Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán organizó en Magdalena Ocotlán el pasado 12
de Septiembre de 2010, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales con el
objetivo de dar a conocer su lucha y compartir las distintas formas de resistencia
con otras comunidades que se encuentran en situación similar.
Finalmente, con la llegada de Gabino Cué, quien trajo de la mano la
realización de la elección municipal en San José del Progreso16, la situación se ha
agravado todavía más debido a las divisiones internas creadas por estos procesos
electorales en el pueblo. La fracción priista abiertamente a favor de la minería,
gracias a las prebendas y regalías que obtuvieron ayudados por el nuevo
gobernador a través de la persona de Irma Piñeiro, sigue presionando para
retomar el control del Palacio Municipal en contra del pueblo que resiste a la
transnacional minera. La situación se vuelve cada día más tensa. Un ejemplo
puede observarse con lo sucedido el pasado 20 de mayo del presente año,
cuando el grupo priista ayudado por el gobierno y la policía, pretendía ocupar el
Palacio Municipal, ello a pesar de una mesa de diálogo establecida
supuestamente para la integración.17
16
En la elección de diciembre 2010 el candidato de la Coordinadora de Pueblos Unidos del
Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez obtuvo 1216 votos y el priista Alberto Sánchez
1359, muchos de los cuales fueron comprados.
17
Raciel Martínez “Tensión en San José del Progreso”; Noticias 21 de Mayo 2011.
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4. COMPAÑÍA MINERA FORTUNA SILVER MINES
¿Pero quién está detrás de los diferentes nombres y compañías que adquirieron el
terreno donde se instaló la mina San José? ¿Y cuál es la compañía que además
continua creciendo gracias a su política de compra masiva de todos los terrenos
alrededor de San José, donde ya se ha comprobado la presencia de oro y otros
minerales, de acuerdo a su estrategia del pez grande que se come al chico, que
en este caso son las compañías más pequeñas?
La compañía mamá de todas se llama Fortuna Silver Mines, con sede oficial
en Vancouver (British Columbia, Canadá), empresa antiguamente conocida como
Fortuna Ventures. De acuerdo a lo que se releva de su sito internet
www.fortunasilver.com es una empresa privada productora de plata con
operaciones en Latino América. Sus principales activos son la mina de plata,
plomo y zinc Caylloma en la región sureña de Arequipa en Perú, y el proyecto San
José en Oaxaca. Durante 2009, Fortuna Silver Mines logró un repunte de 109%,
respecto al 2008, en la producción de plata.
Según su Reporte Anual 2009 (que se encuentra en el mismo sitio de
Internet), después de la mina Caylloma, en Perú, que ya tienen 4 años en
operación, ahora con el proyecto San José, Fortuna Silver va a ser una de las
compañías líderes en América Latina gracias a su experiencia y a una “estrategia
local de política estable, jurisdicción minera amiga y leyes favorables”.
Fortuna celebró su tercer aniversario en octubre de 2009 como compañía
productora minera. En este tiempo invirtió US$ 70 millones en construcción y
expansión en Caylloma y en el avance del proyecto San José. La meta es llegar a
extraer 5 millones de onzas de oro al año. Al mismo tiempo quiere encontrar,
explorar y desarrollar otros proyectos de prefactibilidad en el área de San José del
Progreso. Fortuna, gracias a sus expertos y geólogos, considera la vida de la mina
San José, por lo que concierne a la extracción, de 9 años. En 2009 Fortuna
generó US$ 51.43 millones, 107% más que 2008.
Por lo que se refiere más específicamente a la mina San José, existe un
documento de la misma compañía llamado “Deposito Trinidad”, fechado el 9 de
diciembre de 2009 en el cual se afirma que el Proyecto San José fue
concesionado a la Compañía Minera Cuzcatlán, S. A. de C.V., la cual tiene en la
misma área otras 3 concesiones por un total de 1799.4 ha. El área donde se
construye la mina fue trabajada en sus depósitos de oro y plata en San Jerónimo y
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San Pedro Taviche desde finales de 1800 y hasta 1910, para reempezar a trabajar
en 1960.
En 1980 la mina San José fue adquirida por el Ing. Ricardo Ibarra y su
compañía Minerales de Oaxaca, S.A. (MIOXSA) quien la administró hasta finales
de 2006 cuando la propiedad pasó a Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V., filial
mexicana de Fortuna Silver quien la compró junto a otra empresa canadiense, de
nombre Continuum Resource México S.A. de C.V. obteniendo así el control del
100% de la mina. En marzo de 2009, Fortuna Silver completó la adquisición de
Continuum Resource quedándose con el 100% del proyecto San José.
La Compañía Minera Cuzcatlán cuanta con 27 titulos de concesiones
mineras para sumar un total de 67848,6666 ha. en el estado de Oaxaca; sólo en el
municipio de San José del Progreso posee las concesiones: Progreso, Progreso II,
Progreso II Bis y Progreso III (por un total de 701.9 ha.).
Fortuna Silver tiene otras 2 concesiones mineras que suman 3117,2 ha. en
San Juan Lachilla bajo el nombre de Predilecta Exploración, S.A. de C.V. (100%
propiedad de Fortuna Silver). En septiembre de 2009 Fortuna adquirió el 60% de
la concesión Tlacolula 2 de Radius Gold Inc. para explorar el área por 4 años a un
costo de US$ 2 millones.
Por su cuenta, Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. es una compañía minera
mexicana registrada que al fin pertenece al 100% a Fortuna Silver Inc. a través de
una participación por el 76% de Fortuna Silver Barbados Inc. y 24% a Continuum
Resource Ldt.; ambas son al 100% propiedad de Fortuna Silver Mines Inc. Al igual
que Predilecta pertenece al 100% a Continuum que es de Fortuna. Del mismo
modo que la Compañía Minera de Natividad y Anexos, S. A. de C. V., la cual tiene
en el estado de Oaxaca 8 licencias mineras, todas en el distrito de Ixtlán por un
total de más de 4 mil ha, fue comprada por Continuum Resource y en
consecuencia pertenece a Fortuna Silver.
En resumen, Fortuna Silver es propietaria en el estado de Oaxaca de 65
licencias mineras así subdivididas entre sus compañías: 27 licencias bajo el
nombre de Continuum Resource (por un total de 166433.4036 ha.); 17 de
Compañía Minera Cuzcatlán (66843.4105 ha.); 10 de Minerales de Oaxaca
(1005.2561 ha); 8 de Compañía Minera de Natividad (4155.113 ha.); 2 de
Predilecta Exploración (3117,2 ha.) y una de Radius Gold/Geometales del NorteGeonorte S. A. de C. V. (65904.2265 ha.).
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Lo que quiere decir que Fortuna Silver es la primera compañía minera en el
estado por números de licencias y cantidad de hectáreas compradas,
307458,6097 (¡más de 300 mil!).
Las propiedad de la compañías se extienden en diferentes regiones del
estado pero se concentran mayoritariamente en los distritos de Ocotlán (donde
posee 25 licencias), Ixtlán de Juárez (21 licencias) y Ejutla de Crespo (8 licencias);
también es propietaria de licencias en Zaachila (3), Sola de Vega (2), Tehuantepec
(2), Tlacolula, Villa Alta, Sylacayoapam y Nochitlán, en estas últimas con una
licencia. De entre todas destaca, por su tamaño, la licencia denominada Beca 1,
que sola comprende 70 mil 808 hectáreas con vigencia de exploración-explotación
de oro y plata hasta el 2058. Tan grande es esta licencia que además de
comprender tierra del municipio de Nochixtlán, abarca también parte de los
municipios de San Antonio Huitepec, San Andrés Nuxiño, San Jerónimo Sosola,
San Pedro Cuatro Venados Miguel Peras, Santa María Peñoles, Santiago
Tlazoyaltepec y Santo Domingo Nuxaa.
La mina San José fue explorada en 1999 por Pan American Silver. En 2004
Continuum completó el mapa después de la adquisición de MIOXSA (además de
otras 19 concesiones). En noviembre de 2005 Fortuna Silver compró el 70% de
Continuum en San José y Taviche. En 2006 empezó su programa de exploración y
encontró zonas significativas de oro y plata.
Entre 2008 y 2009 se concluyeron las actividades de estudio y
excavaciones hechas por Construcción, Arrendamiento de Maquinaria y Minera,
S.A. de C.V. y Radio Swissboring Mexico, S.A. de C.V. bajo supervisión de
Compañía Minera Cuzcatlán. ALS Cemex sirvió como laboratorio de preparación y
análisis, con estudios en Guadalajara, D. F. y Vancouver e Inspectorate Lobs como
segundo laboratorio de análisis, ambos llegando a la misma conclusión de que
existen razonables expectativas para la extracción minera en el área. Así se
comprobó que el depósito Trinidad (las otras son Bonanza, Fortuna y Paloma), el
mayor de San José, tiene oro, plata y cantidad de plomo, cobre y zinc; es similar a
depósitos encontrados en Zacatecas y Perú.
Por ello, después de los 4 años de estudio la compañía ya está lista para
minar un depósito que contiene más de 37 millones de onzas de plata. Además,
están inexploradas partes de las 68.000 hectáreas de su propiedad, que podrían
aumentar considerablemente esta suma. Según el reporte técnico de agosto 2009
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se recomienda explorar también el área de San Ignacio.
Por lo que respecta a los permisos y autorizaciones para exploración y
explotación minera del proyecto San José, Fortuna Silver afirma que todos fueron
otorgados desde julio 2009 a marzo 2010 con el aval del INAH, CFE, SEMARNAT,
SEDENA, CONAGUA, Ejido de San José del Progreso y Municipalidad de
Ocotlán. Al momento sólo falta la concesión del agua para la minería y la
autorización de estanque en área federal que tiene que dar CONAGUA. Entre las
aprobaciones destacan:
28/04/2009 CFE da permiso para conectarse a la red nacional de
electricidad por 5 Mw.
23/10/20009 recibió la aprobación de SEMARNAT por uso de suelo y agua;
de construcción de rampa de acceso a la mina de 4,580 m., y por fin de
impacto ambiental. Así el gobierno aprueba autorización de construcción y
da el visto bueno a las futuras operaciones en San José, las cuales
comprenden trabajo subterráneo, planta de procesamiento y otras
infraestructuras con un costo total de 1,500 millones de pesos en el área de
92 hectáreas.
4/12/2009 SEMARNAT aprueba cambio de uso de suelo en San José, de
agrícola a industrial; con esto puede empezar la construcción y con el
estudio de impacto ambiental aprobado el 23/10/2009 se prevé que todas
las infraestructuras estarán listas y se podrá iniciar el trabajo en el primer
cuarto de 2010.
Es por la aprobación irrestricta de estas instancias que las dudas de la
población siguen, sobre todo por lo que se refiere al problema del agua y a no
saber de dónde la Compañía podrá proveerse del líquido vital, además de los
efectos al medio ambiente. Fortuna Silver afirma en su página de Internet que el
tratamiento de agua gris será hecho a través de un oleoducto de 13 kilómetros que
va desde la mina hasta Ocotlán. Además, de señalar de manera completamente
contradictoria que “la política implementada en las zonas donde trabajan es de
respecto a la diversidad etnocultural; comunicación abierta; trabajo con las
comunidades para su desarrollo y actividad de economía sustentable para mejorar
su calidad de vida”.
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Estas palabras redundantes fueron confirmadas por el director y
representante legal de la Compañía Minera Cuzcatlán en Oaxaca, Manuel Ruiz
Conejo quien en entrevista al diario Despertar, el 8 de mayo del 2009 afirma:
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“Minera Cuzcatlán es una empresa con responsabilidad social al reconocer la
diversidad cultural, respetar los usos y costumbres, las leyes federales, estatales y
municipales. Respeta los poderes del Estado e instituciones ejidales y comunales,
los derechos humanos, y las leyes indigenistas y acuerdos internacionales sobre
etnias mediante la consulta y participación.
En la primera de las cuatro etapas del trabajo, exploración, Cuzcatlán generó ya
100 empleos directos que benefician a otros tantos jefes de familia, 38 de los
cuales son habitantes de esta comunidad. En los trabajos de ingeniería de la mina
“La Trinidad” creará 70 empleos directos; en la construcción, 300 directos y 600
indirectos; y en la operación, 400 directos y mil 200 indirectos.
Cuzcatlán ha otorgado ya diversos donativos a las autoridades municipales,
educativas y religiosas de San José del Progreso e impulsa diferentes proyectos
productivos con los habitantes del mismo.Los donativos han sido material de
construcción para escuelas y equipamiento a instituciones y grupos locales; y
apoyos para fiestas religiosas, patrias, actividades deportivas y del DIF Municipal”.
Ruiz, afirmó también que cumplen y cumplirán con todas las leyes
aplicables en todas las etapas del proyecto. “Es una mina subterránea. No se
usará cianuro. Tampoco se contaminará el agua ya que se contará con una Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales y se analizan dos alternativas a utilizar, agua
de la Planta de Ocotlán y del Río Atoyac.”
Una primera aclaración que resulta pertinente sobre las afirmaciones del
señor Ruiz, es que una mina subterránea es igual o, incluso, más peligrosa y
contaminante que una mina a cielo abierto. Este tipo de minas son una
“innovación” de la minera justo para esconder los desastres que provocan.
Actualmente, y este el caso de San José, las minas utilizan la estrategia de la
“tumba y relleno”, lo que en palabras simples significa que los daños por la
contaminación y los desechos tóxicos no pueden ser vistos porque éstos son
arrojados bajo el subsuelo, pero por eso mismo contaminan igual la tierra y el
agua.
El representante legal de la mina también se olvidó de decir que los
donativos y las ayudas son sólo para las pocas familias que a través de estas
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prebendas aceptaron el proyecto. En cuanto al número de empleos, sería bueno
preguntar a los vecinos si éstos son correctos: es sabido que la industria minera
en la fase de exploración requiere un alto porcentaje de mano de obra no
calificada, pero en la fase de extracción es indispensable la mano de obra
calificada que en su mayoría proviene de los países de origen de las empresas
explotadoras. Por hacer sólo un ejemplo, la mina más grande de Guatemala,
llamada Montana (departamento de San Marcos), propiedad de la empresa
canadiense Gold Corp, en los años 2004 y 2005 (fase de exploración) empleaba
1527 personas, mientras que en 2006, al empezar la fase de extracción, sólo
ocupo a 230 personas, el equivalente de 1.5% del pueblo.
Sobre estos datos debemos considerar también que según las afirmaciones
de la propia Fortuna Silver, la vida útil de la mina sólo será de 9 años, volviendo a
dejar a los obreros desempleados, además de un territorio contaminado e inútil
para la siembra.
Finalmente, debe señalarse que los pocos empleos que genere representan
altos riesgos, como destaca la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS) que recientemente (nota del 17 de octubre del 2010)* ha sancionado, en lo
que va del 2010 a siete compañías mexicanas y extranjeras establecidas en el
Estado de Oaxaca, donde explotan y exploran minas, por no cumplir las
condiciones óptimas de seguridad en favor de más de 500 trabajadores. Entre
ellas se encuentra “la empresa Cuzcatlán –propietaria de la mina La Trinidad, filial
de la canadiense Fortuna Silver Mine–, ubicada en el municipio San José del
Progreso18”.
Apéndice
Simón Ridgway, canadiense y presidente director del consejo de administración de
Fortuna Silver, también ha trabajado para Glamis Gold y Radius Gold. Ridway dejó
Honduras en el año 2000, después de que la Oficina de la Fiscalía Especial del
Medio Ambiente emitió una orden para su detención, bajo los cargos criminales
hechos a la Glamis Gold, los cuales incluyen usurpación del agua, daños
agravados, crímenes forestales y desobediencia a la autoridad. La detención en
contra de Ridway nunca se ejecutó.
18
“La STPS sanciona a 7 de las mineras que operan en Oaxaca”, La Jornada, 17/10/2010.
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100 años antes:
La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza consiste en la Agricultura y la
Minería; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, perteneciendo a más de
quince millones de habitantes, se halla en mano de unos cuantos miles de
capitalistas y de ellos una gran parte no son mexicanos. Por un refinado y
desastroso egoísmo, el hacendado, el terrateniente y el minero, explotan una
pequeña parte de la tierra, del monte y de la veta, aprovechándose ellos de sus
cuantiosos productos y conservando la mayor parte de sus propiedades
enteramente vírgenes, mientras, un cuadro de indescriptible miseria tiene lugar en
toda la Republica. Es más, el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros
de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su
trabajo al obrero y al peón, despoja el indio de su pequeña propiedad y no
satisfecho aún, lo insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le prestan los
tribunales, porqué el juez, única esperanza del débil, hallase también al servicio
del canalla; y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, esa
violación flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones humanas, es
sostenida y proclamada por el Gobierno, que a su vez sostiene y proclama
pasando por sobre su propia dignidad, la soldadera execrable.
El General en Jefe del Ejército Liberador del Sur y Centro, Emiliano Zapata.
Manifiesto a la Nación, 20 de octubre de 1913.
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