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AÑO 15 N.º 164
JULIO de 2014
editorial
contenido
contenido
3
Ley de Alimentación
Saludable
La propuesta de
reglamento del
Minsa incumple
con la Ley 30021
6
Cifras indiscutibles:
el Perú es de agricultura familiar
8
«Es preocupante que
sectores protransgénicos presionen para
que no se cumpla
la Ley de Moratoria».
Entrevista a Luis
Gomero
12
Las consecuencias del
paquete ambiental
Cuando el discurso
se estrella contra la
realidad
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
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2
2014 Año de la Promoción de la Industria Responsable y
del Compromiso Climático: una ironía
E
n este año, en que la COP 20 se celebrará en el Perú y pende la incierta
amenaza de un fenómeno El Niño, los temas ambientales han subido al tope
de la agenda política. Una razón adicional para ello es el escandaloso
retroceso, en la institucionalidad ambiental, que significa la recientemente
promulgada Ley 30230, de promoción y dinamización de inversiones (ver artículo
de B. Salazar en esta edición).
El desinterés por la cuestión ambiental tiene una larga tradición en nuestra
clase política. La preocupación de la sociedad civil urbana por el tema es reciente,
inducida, en buena medida, por la importante aunque desarticulada reacción de
poblaciones rurales ante la agresión de las industrias extractivas. Todavía la gran
amenaza ambiental para el Perú no es el cambio climático: es la destructiva relación
de los diferentes estamentos de la sociedad peruana con la naturaleza.
Las industrias —no solo las extractivas— contaminan las aguas, pero también
lo hacen los pequeños y grandes conglomerados urbanos. Las prácticas agrícolas
contaminan los suelos y, cuando se realizan en pendientes, contribuyen a su
erosión. La frontera agrícola se expande sobre el bosque amazónico, que —en su
mayor extensión— no es apropiado para la agricultura. La explotación ilegal de
maderas es indetenible y contribuye a la deforestación. Los ríos amazónicos son
contaminados por los químicos utilizados para la producción de cocaína y oro. La
inmensa biodiversidad es amenazada por la expansión del monocultivo y el
probable ingreso de semillas transgénicas. El aire es contaminado por el uso de
combustibles que superan los parámetros permisibles establecidos en otros
países. En fin... Todo esto se sabe pero continúa, de manera más o menos legal,
con mayor o menor complicidad de los sectores público y privado.
Tomemos el caso de la tierra. La erosión de los suelos es un grave problema
en el Perú: de su superficie total, el 31% —cerca de 40 millones de hectáreas—
está afectada moderada o severamente por la erosión. La situación de la sierra y
la costa es bastante más grave: en la primera región, el deterioro alcanza al 56%,
y en la costa, el 45% (en la selva, el 17%)1. Además, está la salinización de la tierra:
a pesar de su gravedad, las cifras sobre salinización de los suelos agrícolas de la
costa datan de... ¡1974!, ¡hace justo cuarenta años! En ese año se estimaba que el
40% de las tierras costeñas estaban salinizadas debido al mal manejo del agua
y el drenaje insuficiente. En las cuatro décadas siguientes la situación debe haberse
agravado más, pues se han hecho varias grandes obras de irrigación, se han
expandido muchísimo los cultivos que hacen uso intensivo de agua —arroz, caña
de azúcar, espárragos—, los sistemas de drenaje no han mejorado sensiblemente
y la introducción del riego por goteo no es suficiente para contrarrestar estas
deficiencias.
El año 2015 será declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional
de los Suelos. Es prácticamente el último año de este gobierno. ¿Hará algo por
aminorar el persistente «terricidio»? Ello es poco probable: ya pasó el Año
Internacional de la Quinua (2013) y los productores quinueros no están mejor;
está pasando el Año Internacional de la Agricultura Familiar y los agricultores
familiares no están mejor. Este gobierno declaró 2014 como Año de la Promoción
de la Industria Responsable y del Compromiso Climático... y en celebración dio la
Ley 30230.
Fernando Eguren
Director
Nota
1
El texto está en línea en
.
LA REVISTA AGRARIA / 164
Foto internet
Ley de Alimentación Saludable
La propuesta de reglamento del
Minsa incumple con la Ley 30021
Fernando Eguren1
En mayo de 2013 se promulgó la Ley
30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y
Adolescentes. Además de tener
como objeto «la promoción y protección efectiva del derecho a la salud
pública», esta ley busca alertar y proteger a los niños del consumo de la
comida chatarra, que contribuye al
sobrepeso y la obesidad, los cuales,
a su vez, influyen en la propagación
de la diabetes, enfermedades cardiovasculares 2 y ciertos tipos de cáncer3.
El aumento de la población con sobrepeso y obesos en el Perú es constante y plantea importantes desafíos
para la salud pública 4. La mencionada ley también compromete al Ministerio de Educación y al de Salud a
JULIO de 2014
«Debido a la presión del agresivo mercado de la industria sobre los
países de todo el mundo, las personas cambian de una dieta tradicionalmente saludable a una dieta occidentalizada, con su fuerte dependencia de alimentos altamente procesados. Estos alimentos son
ricos en grasa, azúcar y sal, pero bajos en nutrientes esenciales. Son
además económicos y convenientes con su prolongado tiempo de
conservación y un sabor casi irresistible. Como resultado, la comida
chatarra se está convirtiendo en el nuevo alimento básico mundial».
(Extracto de la conferencia pronunciada por la doctora Margaret Chan, directora general
de la Organización Mundial de la Salud, sobre «La salud en la Agenda de Desarrollo post
2015», en La Habana, Cuba, en julio de 2014.)
educar a los niños en una cultura de
alimentación saludable.
En realidad, la ley dista mucho de
ser radical, como tratan de hacer creer
los empresarios de la industria alimentaria y de las agencias de publicidad 5 , pues no prohíbe la comida
chatarra: la única restricción que esta
3
sufre es que no puede ser vendida en
los quioscos escolares. Lo que sí
hace la ley es regular la publicidad
que incentiva el consumo de dicha
comida en los niños, al establecer limitaciones en las horas donde estos
ven masivamente programas de televisión. Medidas similares se han
adoptado en varios países, pues está
comprobado que la publicidad puede
ejercer una fuerte influencia sobre
ellos.
La ley dispuso que en sesenta
días calendario el Ministerio de Salud (Minsa) daría un reglamento que
fijaría los parámetros que deberían
establecer qué alimentos son saludables y qué alimentos no, tomando en cuenta la cantidad de azúcar,
grasas, sodio y grasas trans presente en su contenido. El reglamento
debía establecer, además, un proceso gradual de reducción de las grasas trans, hasta su eliminación. La
ley también dispuso que estos parámetros deberían basarse en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS).
¿Qué son alimentos
saludables?
¿Cuáles no lo son?
La comisión sectorial del Minsa,
responsable de este encargo, solicitó, en efecto, la opinión de la OMSOPS, la cual respondió, en junio del
año pasado —con suficiente tiempo
para que la comisión cumpliera con
el plazo legal—, con una argumentación que confirmaba de manera rotunda la relación entre la comida procesada rica en azúcar, grasa y sodio, y
el sobrepeso y la obesidad, y la de
estos con enfermedades no transmisibles, así como la obligación del gobierno de proteger el derecho humano a la salud.
Las recomendaciones que la OMSOPS dio a la comisión fueron las siguientes:
- Alimentos con nivel «alto en azúcar»: aquellos con una cantidad
igual o mayor a 5 gramos por cada
100 gramos de alimento sólido, o
4
igual o mayor a 2.5 gramos por cada
100 mililitros de bebidas (un vaso
lleno suele contener 250 mililitros).
- Alimentos con nivel «alto en grasas saturadas»: aquellos con una
cantidad igual o mayor a 1.5 g/100
g de alimento sólido, o igual o mayor a 0.75 g/100ml de bebidas..
- Alimentos con «nivel alto en sal»:
aquellos con una cantidad igual o
mayor a 300 miligramos por cada
100 gramos de alimento sólido o
100 mililitros de bebidas.
- Respecto del contenido en «ácidos
grasas trans», la recomendación es
0.0 gramos por cada 100 gramos (es
decir, nada), meta que podría alcan-
zarse en un plazo máximo de tres
años.
Al mes siguiente, en julio de 2013,
un equipo de trabajo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
del Minsa presentó un informe 6 donde se evaluaban 565 alimentos industrializados, según su contenido en
azúcar, grasas y sodio.
Luego de la evaluación general de
los alimentos industrializados, el informe concluyó que, en el caso del
azúcar, «se observa un contenido alto
del macronutriente, de modo que el
70% se encuentra encima de 6.6 g en
100 g del producto. […] Respecto a
las grasas saturadas, la evaluación
Perú: Sobrepeso y obesidad
El 33.8% de las personas de 15 y más años de edad, al tomarles
las medidas corporales, resultaron con sobrepeso. Según sexo,
el 34.8% de las mujeres y el 32.8% de los hombres tienen
sobrepeso (en el momento de la encuesta).
El 18.3% de las personas de 15 y más años de edad sufren de
obesidad. En la distribución por sexo, el 20.9% de personas obesas son mujeres y el 15.5% hombres. Según el área de residencia, el 21.5% de obesos residen en el área urbana y el 8.9% en
el área rural.
INEI. «Perú. Enfermedades no transmisibles y transmisibles 2013». Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2013.
.
LA REVISTA AGRARIA / 164
Como se aprecia en el cuadro abajo, el parámetro para el azúcar en bebidas no alcohólicas más que triplica las recomendaciones de la OMS/
OPS y la UE, y es 16 veces mayor que
lo recomendado por el Códex Alimentarius (órgano global regulador de
productos comestibles de la OMS y
la FAO). En el caso del azúcar en alimentos sólidos, más que duplica las
recomendaciones de la OMS/OPS y
la UE, y multiplica por 25 las recomendaciones del Códex. En el caso
del sodio, las diferencias también son
importantes, lo mismo en cuanto a las
grasas saturadas.
En resumen, los dos mandatos de
la ley fueron incumplidos: los plazos
—el Minsa ha demorado casi un año
para presentar una propuesta de parámetros técnicos— y el tomar en
cuenta las recomendaciones de la
OMS-OPS.
La única explicación posible de que
así ocurriera es que la industria alimentaria, tanto la nacional como la
extranjera, ha ejercido presión sobre
el Minsa para que los parámetros sean
lo más altos posibles y, de ese modo,
permitir que sus productos sean considerados alimentos saludables por el
reglamento.
Sin embargo, y según los organismos internacionales especializados,
esos mismos alimentos procesados
no serían realmente saludables, de
tal forma que el Minsa ha subordinado sus responsabilidades de cautelar la salud pública —su razón de
ser— a los intereses privados empresariales.
general muestra que el 80% de los alimentos industrializados contienen
1.5 g o más en 100 g de producto. […]
En cuanto al sodio, la evaluación general muestra que el 40% de los alimentos industrializados contienen
332.0 mg o más en 100 g de producto» (pp. 10-12). En síntesis, la mayor
parte de los alimentos industrializados evaluados estuvieron por encima de los estándares establecidos
por la OMS-OPS.
La sacada de vuelta a la
Ley de Alimentación
Saludable
La comisión encargada de la elaboración de los parámetros técnicos
tenía, pues, dos insumos fundamentales: uno, la propuesta de la OMSOPS; dos, el informe hecho por un
organismo especializado del propio
Minsa.
Pero ¿cuál fue la propuesta de la
comisión? El 24 de abril del presente
año, el Minsa dio una resolución ministerial que ordena la prepublicación
del proyecto de reglamento que establece los parámetros técnicos.
En primer lugar, la comisión del
Minsa encargada de elaborar el reglamento incumplió con los plazos, pues
demoró casi un año en presentar su
propuesta. Más grave aún: esta no
está basada en las recomendaciones
de la OMS/OPS, como lo manda la ley,
sino que los parámetros propuestos
por la comisión exceden largamente
lo recomendado por la OMS-OPS y,
también, los de la FAO y la Unión Europea.
Puesto que el tema es materia de
interés público, es necesario implementar una serie de medidas: 1) que
se extienda el plazo para opinar sobre la propuesta del Minsa, el cual
vencería a fines del mes de julio; 2)
que la sociedad civil se comprometa
más en el debate y las propuestas de
un tema tan importante; y 3) que, en
aras de la transparencia, el Minsa
haga públicos los comentarios, las
críticas y las sugerencias que se hacen a su propuesta, como es práctica
frecuente en otros países.
Notas
1
2
3
4
5
6
Sociólogo. Presidente del Cepes.
Mickey Chopra, Sarah Galbraith & Ian
Darnton-Hill. «A global response to a
global problem: the epidemic of overnutrition». Bulletin of the World Health
Organization n. o 2002; 80: 952-958.
.
Eugenia E. Calle, Ph.D., Carmen Rodríguez, M.D., M.P.H., Kimberly WalkerThurmond, B.A., and Michael J. Thun,
M.D. «Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied
cohort of U.S. adults». The New England
Journal of Medecine. April 24, 2003.
.
MINSA. Un gordo problema: sobrepeso y
obesidad en el Perú. Ministerio de Salud.
Lima, 2012.
Ver Paola Arica, «Críticas desnutridas y
sin fundamentos»; Fernando Eguren,
«¿Por qué es necesaria la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable?»,
en La Revista Agraria 153, junio de 2013.
Descripción del contenido de azúcar, grasas y sodio en alimentos industrializados
según etiquetado expendidos en Lima.
MINSA. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, julio de
2013.
Cuadro comparativo del contenido de nutrientes críticos (azúcar, sodio y grasas saturadas) en varias definiciones
Azúcar
Líquido*
Propuesta de reglamento de
Ley 30021. Criterio «Alto en»
Sodio
Sólido
Líquido*
Grasas saturadas
Sólido
Líquido*
≤ 8.1g /100 ml ≤ 12.5g /100 g ≤ 540 mg/100 ml ≤ 540 mg/100 g ≤ 5.3 g/100 ml
Sólido
≤ 5.3 g/100 g
FAO. Códex Alimentarius - FAO1
≤ 0.5 g/100 ml
≤ 0.5 g/100 g
---------
≤ 120 mg/100 g
≤ 0.75 g/100 ml
≤ 1.5 g/100 g
OPS/OMS. Recomendaciones
≤ 2.5 g/100 ml
≤ 5 g/100 g
≤ 300 g/100 ml
≤ 300 mg/100 g
≤ 0.75 g/100 ml
≤ 1.5 g/100 g
Parlamento/Consejo Europeo.
Regulations N.o 1924/20062
≤ 2.5 g/100 ml
≤ 5 g/100 g
≤ 120 mg/100 ml
≤ 120 mg/100 g
≤ 0.75 g/100 ml
≤ 1.5 g/100 g
* Bebidas no alcohólicas.
1
En el Códex Alimentarius no existe definición para bajo contenido de azúcar. Solo se define «exento» en azúcar: <0.5 g/100 g de alimento sólido
y 100 ml de comida. .
2
Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales
y de propiedades saludables en los alimentos. .
JULIO de 2014
5
Cifras indiscutibles: el Perú es de
agricultura familiar
Miguel Ángel Pintado1
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2014 como Año
Internacional de la Agricultura Familiar
(AIAF), uno de sus principales objetivos fue incrementar la visibilidad de la
agricultura familiar (AF) y llamar la atención mundial acerca de su rol en temas
como la pobreza, la seguridad alimentaria, la nutrición, etc.
Sin embargo, en el Perú no se conoce
con amplitud la importancia2 de la AF
en la vida económica y social. El Cepes
realizó hace poco un estudio3 —a partir
de la información de la Enaho 2012 y el
IV Cenagro— donde evalúa la contribución de la AF en tres temas clave: el
empleo, el valor de la producción agropecuaria y el espacio agropecuario. En
este artículo presentamos los resultados más importantes.
La AF representa el 83% de los
ocupados
El primer resultado destacable se relaciona con la procedencia de la población
económicamente activa ocupada (PEA
ocupada) del sector agropecuario. Es
de conocimiento común que la mayor
parte de la población ocupada en el país
se concentra en el sector agropecuario
—durante los últimos cinco años, según
el INEI, alrededor de la cuarta parte de la
población ocupada nacional se encontraba laborando en dicho sector.
En 2012, según la Enaho, el total de
ocupados del sector agropecuario as-
cendió a más de 3 Gráfico 2. Valor de la producción agrícola según tipo de hogar,
2012
millones 756 mil
Hogares sin
personas. ¿Cómo
tierras
medir, ahora, la im0.3%
portancia de la AF?
VPA Perú:
Se distinguieron
Agricultura
12,438
familiar
tres tipos de hoga- Agricultura
(millones
86%
no
familiar
S/.)
res de procedencia
13%
de estos ocupados:
hogares de AF, hogares de ANF y hoFuente: Enaho 2012. Elaboración: Cepes.
gares no agropecuarios4. Los resultados (gráfico 1) revelan que la AF es miembros son responsables de la consumamente importante en la provisión formación de este VPA: hogares de AF,
de mano de obra del sector agropecua- hogares de ANF y hogares sin tierras.
rio, ya que el 83% de los ocupados (3 Los resultados se ilustran en el gráfimillones 99 mil) provienen de hogares co 2. Otra vez, la importancia de la AF
de AF, de los cuales una parte impor- se revela contundente: de los más de
tante la compone la PEA ocupada fe- S/.12 mil millones de producción de
menina. Quiere decir, entonces, que la bienes agrícolas, el 86% de dicho vadinámica del sector agropecuario de- lor se concentró en la AF, un 13% en
pende, sobre todo, de la AF. Sin em- la ANF y menos del 1% en los hogabargo, al mismo tiempo, los problemas res sin tierras.
que afecten a los ocupados del sector
—como la baja productividad y las altas tasas de pobreza5— afectarán, en
consecuencia, a la AF, debido a su alta
participación.
La AF contribuye con el 86%
del VPA
Otro tema evaluado en el estudio es la
contribución de la AF en el valor de la
producción agropecuaria nacional6. Utilizando nuevamente la información de la
Enaho, se estima
Gráfico 1. PEA ocupada en el sector agropecuario según tipo de que, para 2012, el
hogar, 2012
valor de la producHogares no
ción agrícola (VPA)
agropecuarios
14%
en el país ascendió a
S/.12,418 millones7.
Hombres
(1,901)
¿Cuál es la participa51%
Agricultura
ción de la AF en este
familiar
83%
monto?
Mujeres
(1,198)
De manera simi32%
lar
que en el caso
Agricultura
no familiar
anterior, distingui3%
mos tres tipos de
Fuente: Enaho 2012. Elaboración: Cepes.
Nota: Valores entre paréntesis están en miles de personas.
hogares
cuyos
6
El 83% de la mano de obra del sector agropecuario
LA REVISTA AGRARIA / 164
La AF comprende al 99% del
total de productores
El tercer resultado interesante del estudio apunta a la distribución de los productores según la extensión de las unidades
agropecuarias (UA) que conducen. Distinguidos dos tipos de agricultura, la AF y
la ANF, la información del IV Cenagro indica que los productores de AF ascienden a
2’181,977, los que representan el 99% del
total de productores en el ámbito nacional
para 2012. En otros términos, la participación de la AF en cuanto a cantidad de productores es casi total en el país. En el ámbito regional puede verse que dicha importancia se mantiene: en las tres regiones,
los productores de AF superan el 95% del
total de productores (cuadro1).
A partir de estos resultados no solo se
reconoce la importancia de la AF en el sec-
tor agropecuario, sino que se corrobora
su notable contribución en la conformación de los ocupados del sector, en la generación del valor de la producción de
bienes agrícolas, y que comprende a casi
la totalidad de los productores del país.
Este mejor conocimiento de la AF hace
que el panorama se torne más visible a fin
de diseñar e implementar mejores políticas económicas y sociales destinadas a
este sector, con el objetivo de afrontar de
manera más adecuada los temas de pobreza, nutrición, seguridad alimentaria,
etc., vinculados con este importante sector de nuestro país.
Región
natural
Nº
productores
2
Agricultura no familiar
%
%
Nº
productores
%
%
6
Total
Nº
productores
%
335,673
15
96
14,827
47
4
350,500
16
Sierra
1’399,051
64
99
7,981
25
1
1’407,032
64
447,253
20
98
8,721
28
2
455,974
21
2’181,977
100
99
31,529
100
1
2’213,506
100
Perú
5
Economista. Investigador del Cepes
El Perú no cuenta con una medición real
del rol que juega la AF en diversos aspectos
socioeconómicos, como el número de pro-
Costa
Selva
4
Notas
1
Cuadro 1. Distribución de productores por tipo de agricultura y región natural
Agricultura familiar
3
Foto Ricardo Marapi
Fuente: Cenagro 2012. Elaboración propia.
7
ductores, las tierras que ocupan, el empleo,
la seguridad alimentaria, entre otros.
Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú. Cepes, 2014.
En los tres resultados presentados en el artículo se utilizan las siguientes definiciones:
la AF comprende a los hogares cuyas tierras agropecuarias son menores a 10 ha
estandarizadas; la ANF comprende a los
hogares cuyas tierras son mayores o iguales
a 10 ha estandarizadas; los hogares no agropecuarios son aquellos hogares que no producen bienes agropecuarios; y los hogares
sin tierras son hogares que, aun sin tierras,
producen bienes agropecuarios.
En un artículo del libro Empleo y protección
social (PUCP: 2012) se encontró que, para
2010, la productividad del trabajo no agrícola
fue casi cuatro veces mayor que la productividad del trabajo en la agricultura. Asimismo, en
2013, del total de ocupados considerados pobres, el 54% trabajó en la rama agricultura/
pesca/minería, mientras que del total de ocupados considerados pobres extremos, más del
80% laboró en dicha rama, según el INEI.
Se define como el valor total (en soles) de los
bienes producidos en las actividades agrícolas (VPA) y pecuarias (VPP) dentro de todo el
país en un año determinado. En el presente
artículo presentamos los resultados del VPA.
Recordemos que, para la contabilidad de la
Enaho, se incluyen todos los bienes agrícolas (tradicionales, no tradicionales, para
exportación, etc.) que son producidos por
hogares. Las empresas, dado que no son
hogares, no entran en la estimación.
proviene de hogares de agricultura familiar, lo cual evidencia su gran importancia social y económica.
JULIO de 2014
7
«Es preocupante que sectores protransgénicos
presionen para que no se cumpla
la Ley de Moratoria».
Ricardo Marapi
1
Entrevista a Luis Gomero Osorio, coordinador nacional ejecutivo de la Red de
Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), sobre los actuales problemas en la
implementación de la Ley de Moratoria al ingreso de transgénicos en el Perú.
8
más, están incidiendo en las autoridades,
para pedir su derogatoria.
¿Cuáles son los sectores que están pidiendo la derogatoria de la Ley de Moratoria al ingreso de los transgénicos?
Son personas vinculadas al comercio de
las semillas; están ligados a los laboratorios que, de una manera u otra, tienen una
vinculación con las grandes empresas trasnacionales. Ellos son los que están tratando de que los transgénicos ingresen al
Perú. Por ejemplo, Javier Verástegui, director de Ciencia y Tecnología del Concytec2,
y otros funcionarios actuales, han formado parte de la institución protransgénica
PerúBiotec. Ellos ahora están involucrados
dentro de la toma de decisiones de la estructura del Estado, básicamente en Concytec. Entonces, es muy poco probable
que los funcionarios que han apoyado
abiertamente a los transgénicos puedan implementar algo contrario a la posición que
tradicionalmente han planteado.
¿Cuáles son las autoridades encargadas de aplicar la Ley de Moratoria a los
transgénicos?
Es el Ministerio del Ambiente, en trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) y el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Desde que se aprobó la ley, ¿qué han
hecho dichas autoridades?
Sus avances son muy limitados, especialmente en las metas establecidas por la
ley. Por ejemplo, el INIA no está cumpliendo con la tarea que se le asignó: ser la autoridad de control. Además, tiene el problema de que es juez y parte: puede desarrollar transgénicos, pero a la vez es una entidad que controla el ingreso de estos. Por
otra parte, si bien el Senasa es la autoridad
que tiene la función de vigilar el ingreso de
transgénicos a nuestro territorio, lamentablemente no tiene capacidades para hacer
el control respectivo.
¿Hablar de la prohibición total del ingreso de semillas transgénicas al Perú
no es demasiado irreal? ¿Es posible li-
Foto archivo Cepes
En diciembre de 2011 se aprobó la Ley
de Moratoria al ingreso de los transgénicos, por un plazo de diez años. A más de
dos años de esa aprobación, ¿se está cumpliendo la ley? ¿Se está aplicando de manera adecuada?
Ya pasamos el 25% del tiempo establecido por la Ley de Moratoria, Ley 29811; nos
quedan menos de ocho años para cumplir
con las metas establecidas en ella. Esta norma nació gracias a la presión ciudadana, con
la finalidad de prohibir el ingreso de los transgénicos debido a los riesgos que implican
para nuestra agrobiodiversidad. La Comisión Multisectorial de Asesoramiento es la
instancia encargada de implementar la Ley
de Moratoria. Sin embargo, creo que los
avances son muy limitados. Por esa razón,
algunas organizaciones de la sociedad civil
estamos exigiendo que tanto la ley como su
reglamento tengan un proceso de implementación rápido y transparente.
¿Cuáles son las medidas que se deben
implementar en el marco de la Ley de
Moratoria y que, al parecer, se están aplicando lentamente?
Primero, implementar un sistema de vigilancia a fin de que no ingresen semillas
transgénicas por las diferentes fronteras
que tenemos; segundo, controlar y monitorear la presencia de transgénicos en nuestras áreas cultivadas; tercero, realizar una
línea de base o un inventario de los principales recursos de nuestra agrobiodiversidad (ya se están elaborando inventarios
para productos como la papa, el tomate, el
algodón y el maíz); por último, desarrollar
capacidades, las cuales todavía son muy
limitadas. Por ejemplo, no se sabe cómo se
están manejando los recursos que se han
destinado para poder implementar la Ley
de Moratoria. Lo preocupante es que diversos sectores protransgénicos —que
ahora forman parte de la comisión multisectorial— están presionando para que no
se cumplan los objetivos de la ley. Ade-
SE NECESITA VOLUNTAD
POLÍTICA
LA REVISTA AGRARIA / 164
mitar el ingreso del 100% de estas semillas?
Definitivamente, no es sencillo ejercer el
control total del ingreso de semillas; siempre hay un riesgo. Por ello, reitero que debe
establecerse un sistema de control del ingreso de transgénicos a nivel nacional. Se
tienen que poner en funcionamiento los mecanismos establecidos por la Ley de Moratoria de transgénicos. Además, debemos
convencer a todos los actores involucrados de que el Perú tiene que estar libre de
transgénicos, por lo menos durante los diez
años que establece la ley. Si no hacemos
todo esto, el país puede ser una coladera.
Nos preocupa que, hasta el momento, no se
hayan establecido las sanciones para la importación de transgénicos. Hay un vacío.
¿Cuál de las autoridades tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos
de sanción? ¿Quién no está cumpliendo
su papel?
Estos mecanismos tienen que ser elaborados por el INIA y el Senasa; sin embargo, se necesita una voluntad política sobre el tema. Lo que sucede es que algunas
instituciones del Estado no son proactivas porque siempre han mantenido una posición a favor de los transgénicos. Por esa
razón, algunas de ellas se han convertido
en una barrera para avanzar en los objetivos que establece la Ley de Moratoria. El
ejemplo más claro es el INIA, que es juez y
parte.
Ante la falta de mecanismos de control,
vigilancia y sanción al ingreso de transgénicos, ¿cuáles son los riesgos para el
territorio peruano?
Un primer riesgo es que, si el proceso
general no funciona, algunos sectores usarán esto como una justificación para decir
que la ley no tiene relevancia para el cuidado de la agrobiodiversidad; por lo tanto, afirmarán que la ley es una barrera para la inversión en el agro y pedirán su derogación. Es
lo que está sucediendo actualmente. Hay
un sector muy involucrado en ese proceso,
que se ha ubicado en las diferentes instancias de la estructura del Estado y está haciendo un trabajo para socavar la vigencia
de la ley. Un segundo riesgo se origina en el
hecho de que el actual proceso de implementación es muy lento. ¡No se están estableciendo mecanismos normativos básicos
y protocolos para que los diferentes actores puedan proceder! Eso también es una
JULIO de 2014
barrera. Todos los mecanismos deben estar
claramente escritos y aprobados oficialmente para que puedan implementarse, y eso no
se está produciendo.
EL CASO DEL MAÍZ
AMARILLO DURO
El maíz amarillo duro, nacional o importado, es uno de los productos de mayor
importancia porque abastece a la industria avícola. ¿Se están usando semillas
transgénicas de maíz amarillo duro para
cultivar en el territorio peruano?
No, por ahora. Además, legalmente no
debería existir maíz transgénico. Lo que
ahora se está sembrando son maíces híbridos, que son de muy buena calidad y sumamente competitivos. Por ejemplo, en
Lambayeque, el rendimiento promedio está
llegando a 12 toneladas métricas por hectárea; es decir, por ese lado ni siquiera necesitaríamos transgénicos. Hasta el mismo
INIA ha desarrollado un maíz híbrido de
alta performance y de buen desempeño en
productividad. En ese nivel no hay ninguna amenaza. Los problemas en la producción de maíz son otros y no tienen nada
que ver con la semilla: falta de asistencia técnica para mejorar la productividad, poco acceso a créditos, a fertilización, a la cadena de comercialización, entre otros.
La industria avícola adquiere
una gran cantidad de maíz amarillo duro importado. Incluso, se habla de
cerca de dos millones de toneladas anuales. ¿Este maíz importado es producto de
una semilla transgénica?
Sí, se ha evidenciado que una parte de
ese maíz es de origen transgénico. Por esa
razón, se está pidiendo su etiquetado, porque dicho maíz viene con fines de alimentación de las aves y, posteriormente, para la
alimentación de los humanos. El etiquetado
es la única forma de control para conocer si
un producto tiene origen transgénico. Ese
es otro tema pendiente. Lamentablemente,
no se ha aprobado el reglamento para el etiquetado, a pesar de que fue consensuado a
través de muchas reuniones y quedó listo
para ser firmado por el presidente de la Republica, Ollanta Humala. Sin embargo, al parecer, hubo reacciones negativas por parte
de los agroindustriales y el reglamento quedó encarpetado. Solo falta la voluntad política para su aprobación.
Notas
1
2
Periodista. Editor de La Revista Agraria.
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica.
"Algunas
instituciones del
Estado no son
proactivas porque
siempre han
mantenido una
posición a favor de los
transgénicos".
Luis Gomero
Osorio
9
D
Ganadería lechera: ¿una
vía de desarrollo para los
campesinos andinos?
Claire Aubron1
años, en Ecuador y Bolivia, por una
regulación de precios.
- Un acceso al mercado a través de una
gran diversidad de circuitos, cortos
o largos, artesanal o industrial3, formales o informales, etc. La diversidad
y proximidad geográfica de los actores económicos del sector lechero artesanal fomentan el acceso a ese mercado por parte de los campesinos, acceso que también es facilitado por el
desarrollo de las vías de comunicación
y los medios de transporte en las últimas décadas.
- Una capitalización progresiva sin necesidad de una mayor inversión al inicio. Partiendo de sistemas de producción con diversidad de cultivos y una
ganadería que utiliza pastos naturales
y rastrojos como alimentos, las dinámicas del desarrollo lechero campesino
en los tres países siguen más o menos
las mismas etapas: 1) intensificación por
siembra de forrajes en una parte de las
parcelas, a menudo con riego; 2) capitalización progresiva en ganado, mejoramiento genético, equipamiento para
riego y, cuando se puede, compra de
nuevas tierras, a menudo con riego; 3)
especialización progresiva, que puede
llegar hasta la conversión de todas la
parcelas de cultivo en forrajes; y 4) intensificación mediante la compra de alimentos para el ganado.
- Un requerimiento en mano de obra
compatible con otras actividades
agrícolas o no agrícolas, por lo menos de un miembro de la familia.
- Un producto, la leche, que genera un
ingreso distribuido a lo largo del año,
que contribuye a asegurar la economía familiar como pocas producciones
agrícolas lo suelen hacer.
La sostenibilidad de la
ganadería lechera
El crecimiento de la producción lechera campesina aporta al desarrollo: genera ingresos para cientos de miles de familias campesinas —que no suelen tener otras oportunidades—, les permite
capitalizar de manera progresiva y mejorar la seguridad alimentaria de los tres
países, en lácteos, con una diversidad
Foto Ricardo Marapi
esde hace algunas décadas, la producción lechera de los países andinos muestra un fuerte crecimiento: entre 1990 y 2011
—según datos de Faostat2— se multiplicó en Ecuador, Perú y Bolivia por 4.1, 3 y
2.2 veces, respectivamente, cuando en
dicho periodo el aumento promedio mundial fue de solo 40%. Los campesinos han
contribuido con fuerza en este crecimiento y continúan siendo, en Perú y Bolivia,
los principales proveedores del mercado
lechero en cuanto a volumen, con lo que
han mostrado su capacidad de realizar, en
poco tiempo, cambios muy importantes
en sus actividades productivas, siempre
que las condiciones sean favorables.
Dos de estas condiciones son externas a los sistemas productivos campesinos, mientras que las otras están relacionadas con su funcionamiento interno y
la «lógica campesina»:
- Un precio de la leche, en términos
reales, estable y alto para el productor, en comparación con los precios
de otros productos andinos, como tubérculos y cereales. Esto depende del
crecimiento de la demanda de productos lácteos, impulsado por el crecimiento demográfico en los tres países
mencionados, pero también tiene que
ver con la implementación —en los
años noventa— de políticas de protección del mercado lechero mediante
aranceles y un sistema de franja de
precios, completadas en los últimos
Pequeñas ganaderas
de Cajamarca. La
mayor parte de la
ganadería vacuna
está en hatos de
pequeño tamaño,
menores de 20
cabezas.
10
LA REVISTA AGRARIA / 164
de productos, una parte de los cuales
son artesanales y típicos de estas regiones. Pero ¿qué tan sostenible es este
desarrollo?
La competencia de otros sistemas productivos constituye una amenaza fuerte,
ya sea interna, ejercida por los grandes
ganaderos de los países andinos (haciendas de la sierra ecuatoriana, grandes ganaderos de la costa peruana o del sudeste de Bolivia), o externa, mediante la importación de lácteos procedentes de Argentina, Uruguay, EE.UU o Nueva Zelanda, facilitada por la revisión de las políticas arancelarias y la firma de acuerdos de
libre comercio, como ocurrió en el Perú en
los últimos años. La primera forma de competencia tiene que ver con la repartición
de los recursos en tierra y agua en cada
uno de los tres países, y la segunda, con
el necesario mantenimiento de un cierto
nivel de protección del mercado lechero.
La relación, a menudo muy desigual, de
los campesinos con las industrias lecheras
—cuya concentración4 y participación en
el mercado, al lado de los circuitos artesanales, están creciendo— es otro elemento
que podría perjudicar el desarrollo lechero
campesino. Aun con limitaciones, el mayor poder de negociación que tienen los
campesinos asociados —frente a las industrias— son los centros de acopio que
se están desarrollando ahora en Ecuador y
Bolivia. Esto sugiere que acciones públicas dirigidas a ellos podrían dar buenos
resultados, además de la formulación de
leyes y normas que regulen las actividades de las empresas.
La importancia de los circuitos
artesanales y las compras
públicas
A pesar de su importancia nutritiva y
culinaria, en los tres países, los productos lácteos artesanales (quesos, sobre
todo) continúan siendo para los campesinos una manera de conservar la leche y
transportarla hacia los mercados urbanos,
más que un medio para agregar valor a la
leche. Los circuitos artesanales tienen que
ser reforzados, apostando —como se suele escuchar— por un mejoramiento de la
calidad sanitaria de los productos, pero
también por una real creación de valor que
beneficie a los campesinos. El trabajo con
las queserías y las ferias campesinas que
se armaron en el Perú, en los últimos años,
JULIO de 2014
El predominio de la pequeña ganadería peruana
Las explotaciones rurales familiares no solo son las principales abastecedoras de alimentos del país, sino también las principales proveedoras de leche. Así lo confirma el IV Censo
Nacional Agropecuario, de 2012. En efecto, la mayor parte de la ganadería vacuna está en
hatos de pequeño tamaño (menores de 20 cabezas de ganado). Específicamente, tan
solo considerando las vacas, más de la mitad forma parte de hatos de ganado vacuno
menores de 20 cabezas, es decir, de lo que ciertamente podemos calificar como parte de
la agricultura familiar (o hatos familiares). Si tomamos en cuenta solo las dos razas
lecheras más difundidas en el Perú, Holstein y Brown Swiss, el 60% se encuentra en
hatos menores de 20 cabezas. Un 21.1% adicional forma parte de hatos entre pequeños
y medianos (menores de 49 cabezas). Es claro, pues, el rol estratégico que cumplen las
pequeñas explotaciones agropecuarias para la alimentación del país y, en el caso de los
productores de leche, la nutrición de los niños. (Fernando Eguren)
Población de vacunos por categoría y raza
Tamaño de hato
(cabezas)
1-2
Vacas toda raza
Vacas Holstein
y Brown Swiss
Cabezas
%
Cabezas
206,759
10.1
34,005
%
5.6
10.5
3-4
325,265
15.9
63,641
5-9
505,026
24.6
125,856
20.8
10-19
436,368
21.3
138,969
22.9
20-49
339,518
16.6
128,064
21.1
50-99
109,232
5.3
43,470
7.2
100-199
48,764
2.4
22,401
3.7
200-499
33,117
1.6
16,927
2.8
500 a más
45,589
2.2
33,168
5.5
2’049,638
100.0
606,501
100.0
Fuente: Cenagro 2012.
constituyen experiencias muy interesantes en ese sentido.
Las compras públicas de leche para los
programas sociales de distribución de alimentos a las franjas más pobres de la población son otra forma de articulación al
mercado, con garantía de precio. En la primera década de este siglo, los gobiernos
de los tres países implementaron políticas públicas que permitieron —en teoría
por lo menos— que dichos programas
fuesen abastecidos por pequeños productores, con productos lácteos que en el
Perú y Bolivia pueden ser artesanales. Sin
embargo, se necesitan normas sanitarias
exigentes pero adaptadas a la producción
campesina y a la participación de la población local en las tomas de decisión,
para que el éxito de esas experiencias de
articulación a las compras públicas perdure y se difunda hacia otras zonas.
Por último, cabe mencionar que ese
desarrollo lechero campesino también
plantea interrogantes a nivel nacional en
términos de empleo rural (siendo la ganadería poco intensiva en trabajo), impacto
ambiental (consumo y contaminación del
agua, progresión del frente forrajero culti-
vado, biodiversidad, etc.) y seguridad alimentaria (abandono progresivo de otras
actividades agrícolas, como la producción
de papas o cereales). Es imprescindible
considerar esos elementos para diseñar
políticas agrícolas adaptadas, con el fin
de aprovechar realmente el desarrollo que
puede generar la ganadería campesina
andina sin hipotecar el futuro.
Notas
1
2
3
4
Agrónoma, profesora asociada en el Centro
Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Agronómicas – MonpellierSupAgro
Programa de Trabajo Estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
En Ecuador y Perú, alrededor de la mitad de
la leche abastece a los circuitos artesanales
(con tres tipos de productos finales: leche cruda, quesos artesanales elaborados por los
campesinos y productos elaborados por las
queserías) y la otra mitad abastece a las industrias. En Bolivia, las industrias acopian
más de la mitad de la producción nacional,
lo cual podría estar relacionado con el desarrollo más reciente de la producción lechera.
La mayor concentración es la del sector lechero peruano, con la empresa Gloria, que
acopia 85% de la leche destinada a las industrias del país.
11
Las consecuencias del paquete ambiental
Cuando el discurso se estrella
contra la realidad
Beatriz Salazar1
H ace unas semanas, el presidente
Golpe a la institucionalidad
ambiental
Sin embargo, este positivo discurso choca con la realidad de la política ambiental y climática que vivimos
actualmente. Poco antes de asistir al
Diálogo de Petersberg, Humala promulgó la Ley 30230, bautizada como
el «paquetazo ambiental», que, con
el pretexto de promover y dinamizar
la inversión en el país, resta al Ministerio del Ambiente (Minam) una
serie de facultades que son necesarias para garantizar que las empresas
que operan aquí sean «top» y capaces de cumplir con estándares medioambientales ambiciosos.
La Ley 30230 limita la capacidad de
imponer multas del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años, salvo en
casos excepcionales, e incluso en
estos casos la multa se reduce al 50%.
Los defensores de esta medida sostienen que era necesaria porque, según argumentan, el OEFA se excedía
12
en las multas que imponía. Sin embargo, en realidad, solo el 1.7% del
total de las supervisiones realizadas
por el OEFA derivaron en multas 5, las
que en promedio bordearon los
US$90,000.
Con esta medida gubernamental se
corre el riesgo de que el inversionista vea más rentable y tentador infringir la ley ambiental, que invertir en
las tecnologías necesarias para su
acatamiento. En comparación, en Chile, nuestro competidor directo en el
mercado de metales, hace poco entró
en vigencia una nueva institucionalidad ambiental con poderes aumentados, multas más altas —que llegan
hasta los US$10 millones— y posibi-
lidad de clausura definitiva de un proyecto 6 .
Por si fuera poco restringir la potestad sancionadora del Estado ante
las infracciones ambientales, la Ley
30230 también reduce el plazo a 45
días para que los funcionarios públicos emitan opinión sobre los estudios
de impacto ambiental (EIA). El argumento de los defensores de esta medida es que las entidades encargadas de opinar demoran demasiado en
la revisión de los EIA, lo cual estaría
provocando que muchos proyectos
de inversión continúen «trabados».
Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de presionar a los funcionarios, con la amenaza de sanción, si
Foto Palacio de Gobierno
Ollanta Humala viajó a Alemania para
participar en el V Diálogo de Petersberg sobre el Clima 2 , donde intentó
mostrarse como el paladín de la responsabilidad ambiental y la lucha
contra los impactos del cambio climático. Humala anunció que el Perú
está dispuesto a «asumir obligaciones» en el marco de la CMNUCC 3, e
incluso reprendió a las empresas mineras europeas que atentan contra el
medio ambiente en el país. «Hemos
establecido estándares medioambientales bastante ambiciosos, hechos
para que las empresas que llegan al
Perú sean «top» y no vengan empresas […] de medio pelo, incapaces de
cumplir los estándares medioambientales acordes con la realidad y la coyuntura», enfatizó 4.
El discurso "proambiental" del presidente Humala en Alemania, se contradice con las polémicas
LA REVISTA AGRARIA / 164
no se pronuncian en el plazo establecido? El resultado probable será que
se aprobarán EIA deficientes, que
luego podrían ser objetados e incluso ser declarados nulos. Lo más responsable hubiera sido fortalecer a las
entidades fiscalizadoras con recursos
humanos, financieros, capacitación y
equipamiento para facilitar el cumplimiento de los plazos óptimos. En
comparación, otros países, como Chile y Colombia, han establecido plazos de hasta 120 días para la aprobación de los EIA 7 .
Ordenamiento territorial en
la mira
Otra de las medidas que atentan
contra la institucionalidad ambiental
es la desnaturalización del proceso de
ordenamiento territorial. La Ley 30230
determina que «ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento
Territorial asignan usos ni exclusiones
de uso». El impacto de esta medida
aumentará la vulnerabilidad de la po-
medidas de su gobierno en el tema ambiental.
JULIO de 2014
blación ante los desastres climáticos
y la degradación de los ecosistemas,
al permitir la ocupación y usos inadecuados del territorio.
Además, el polémico paquete traslada la competencia de aprobar la política de ordenamiento territorial al
Consejo de Ministros, con lo que se
favorecen los intereses de aquellos
sectores industriales y extractivos
que pretenden crecer a toda costa.
Algo similar sucede en el caso de las
zonas reservadas 8, cuya declaración
dependía anteriormente del Minam y
ahora pasa a depender del Consejo
de Ministros, un ente principalmente
político, con lo cual ya no prevalecerá el criterio técnico de los funcionarios especialistas del Minam.
Este ministerio también ha perdido
la potestad de establecer estándares
de calidad ambiental (ECA) y límites
máximos permisibles (LMP), los que
ahora deberán ser refrendados por los
sectores involucrados. Cabe destacar que los ECA y LMP protegen la
salud de las personas, siguiendo parámetros establecidos por
el Organismo Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del
aire, agua y suelo.
Cabe mencionar que mientras
en el Perú la Ley 30230 permitirá
destrabar las inversiones en hidrocarburos por US$11,000 millones, Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la CMNUCC, ha solicitado reducir las
inversiones en exploración y explotación de combustibles fósiles, por ser los principales causantes del calentamiento global.
Además, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que
el Gobierno se está preparando
para promover la exploración de
recursos de gas y petróleo no
convencionales, sobre todo el
shale gas, que es extraído por
medio de la controversial técnica conocida como fracking, intensiva en uso de agua y que
conlleva el riesgo de contaminación del subsuelo y acuíferos
o posibles sismos 9 .
La representación de la ONU
en el Perú y la sociedad civil na-
cional e internacional han advertido
que estas medidas debilitan la institucionalidad ambiental en el país. Incluso se preguntan si el gobierno presidido por Humala es incongruente
cuando insta a otros países a esforzarse en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año
en que realizaremos la COP 20, mientras al mismo tiempo ejecuta medidas
que atentan contra la institucionalidad ambiental 10.
La promulgación de la Ley 30230
indicaría que el actual gobierno
prioriza un objetivo de corto plazo,
de lograr el máximo crecimiento económico posible, por encima de objetivos de largo plazo, de resguardar la sostenibilidad ambiental y
reducir las emisiones de carbono.
Este camino conllevará mayores
costos económicos en el futuro y
debería revertirse.
Notas
1
Coordinadora del Observatorio Cambio
Climático del CEPES.
2
El Diálogo de Petersburg es un foro informal internacional que busca avanzar
en las negociaciones multilaterales, de
cara a la Cumbre del Clima de Lima
(COP 20), prevista para diciembre.
3
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
4
Entrevista con Ollana Humala. «Que les
jalen las orejas acá». El digital de Asturias.
.
5
«Proyecto del Ejecutivo no afectará la
fiscalización ambiental». El Comercio,
24 de junio de 2014.
6
Reyes, Claudio (2014). «Nueva institucionalidad ambiental: la “mano que
aprieta” en Chile», en América Economía (1.18.2014).
.
7
Servicio de Información Ambiental de
Chile () / Gobierno
en Línea Colombia ().
8
Categoría transitoria para designar y
proteger un área mientras se evalúa si
finalmente será considerada área natural protegida.
9
Greenpeace. «Fractura hidráulica para
extraer gas natural (fracking)».
.
10
RTCC. Environmental concerns as Peru
cuts red tape for mining.
.
13
Los conflictos se apellidan
«agua»
Este debate es importantísimo en la
actual coyuntura del país, debido a que
una buena parte de los conflictos sociales están relacionados con la gestión del
agua. La Autoridad Nacional del Agua
indicaba, en 2010, que existían 257 conflictos por el agua. El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo
—de junio de este año— da cuenta de
214 conflictos; de ese total, 135 corresponden a conflictos socioambientales, de
Foto Ybrahim Luna
H
an pasado más de cinco años desde la
aprobación de la Ley de Recursos Hídricos2 en el Perú. Se esperaba que esa ley,
superando los problemas de la maraña legislativa vigente hasta entonces, ayudara a resolver los varios problemas en torno a la gestión de este recurso en nuestro
territorio. ¿Cuánto de lo esperado se ha
logrado y cuánto está pendiente?
Repitiendo la experiencia iniciada el
año pasado, el Centro de Investigación,
Capacitación y Asesoría Jurídica (Cicaj),
del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica, organiza
un interesante encuentro donde académicos nacionales e internacionales, precisamente, analizarán el desarrollo normativo e institucional de la gestión del
agua en el Perú, luego de cinco años de
vigencia de la nueva ley. Esta reunión,
llamada Segundas Jornadas de Derecho
de Aguas3, se realizará en Lima entre el
27 y el 29 de agosto próximo.
Debatir sobre el agua:
una tarea pendiente
Laureano del Castillo1
los cuales la mayoría están relacionados
con el agua (por problemas en la cantidad o la calidad de esta).
Un mecanismo creado para enfrentar
esta situación es el Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hídricas,
instalado en febrero de este año. El mencionado tribunal ha recibido alrededor de
500 expedientes sobre conflictos hídricos,
que datan, incluso, de 2010; hasta mayo,
había resuelto solamente 69 de ellos. ¿Es
la forma más adecuada y definitiva de enfrentar los conflictos por el agua? ¿Puede
ayudar este tribunal a prevenir la aparición de nuevos conflictos por el agua?
Cuando la legislación no fluye
Por otra parte, las nuevas normas para
reactivar la economía, como lo anuncian
los voceros del gobierno, buscan promover las inversiones privadas, eliminando lo que algunos llaman «barreras para
la inversión». Sin embargo, varias organizaciones han advertido los riesgos que
esas normas conllevan en el relajamiento de exigencias ambientales. La principal preocupación es respecto al mantenimiento de la calidad del agua si se relajan los controles vinculados a su contaminación. ¿Este «paquetazo ambiental»
afectará el avance en la institucionalidad
pública que se venía dando en el sector
de recursos hídricos?
Asimismo, a inicios del año se aprobó
la Ley de Organizaciones de Usuarios del
Agua (Ley 30157), lo que generó un fuerte
14
debate entre los regantes (ver LRA 159).
Las Segundas Jornadas de Derecho de
Aguas pueden ser una ocasión para revisar estos temas, así como el avance en
la conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca. ¿Cumplen las
normas vigentes con los principios de
promover la participación de la población
y de gestión integrada participativa por
cuenca hidrográfica? ¿Por qué no se ha
impulsado la formación de esos consejos en la zona andina del país?
Por último, en las últimas semanas, El
Comercio y otros medios vienen insistiendo en la necesidad de reformar el sistema de empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado,
volviendo a ponerse en el tapete la posibilidad de privatizar estos servicios públicos. ¿La legislación actual permitiría
dar un paso en esa dirección? ¿Podrán
nuestros reguladores enfrentar con eficiencia este reto?
Sin duda, la participación de expertos
peruanos, así como de Argentina, Brasil,
Chile, México, Canadá y España, en las
Segundas Jornadas de Derecho de Aguas,
será importante para profundizar un debate que continúa siendo un tema pendiente y poco tratado en nuestro país.
Notas
1
2
3
Abogado. Director ejecutivo del Cepes.
La Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) se
promulgó el 23 de marzo de 2009.
Más información en
.
LA REVISTA AGRARIA / 164
46
Lima, junio 2014
ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS
Julio Postigo Encarando el cambio climático en el Perú: las opciones de política /
Axel C. Dourojeanni Trasvases de agua en el Perú: no son solo un proyecto de ingeniería hidráulica /
Anthony Bebbington, Anahí Chaparro y Martin Scurrah El Estado compensador peruano y la persistencia del
modelo neo-extractivista: seis hipótesis sobre el (no-) cambio institucional /
Roxana Barrantes, Edgar Ventura y Jericó Fiestas El rol de los bosques en el proceso
de desarrollo del Perú: La contribución y valoración del sector forestal /
Eduardo Zegarra Evaluación de la situación del mercado de semillas de maíz amarillo
duro en el contexto de la moratoria a la entrada de semillas transgénicas /
Waldemar Mercado y Cindybell Gamboa Comercialización de la quinua en las provincias de Chupaca y Jauja en la Región Junín, Perú /
Laureano del Castillo Adecuación de las normas de formalización de la propiedad en
territorios de las comunidades campesinas y comunidades nativas /
VENTA:
Librerías El Virrey,
Librería Sur,
Librería Communitas
SUSCRIPCIÓN Y VENTA:
CEPES: Av. Salaverry 818, Lima 11, Perú.
Telf.: (51-1) 433-6610 / Fax: (51-1) 433-1744
[email protected]
publicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacion
REDD+ en América Latina. Estado actual de las estrategias
de reducción de emisiones por
deforestación y degradación
forestal . Sanhueza, José
Eduardo y Mariana Antonissen.
Santiago de Chile: Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2014.
Este trabajo presenta en forma breve la evolución del tratamiento del
tema forestal en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), asunto que es responsable, al menos,
de un 20% del aumento progresivo de la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmósfera y su consecuente impacto en el acelerado cambio del sistema climático del planeta que se observa en la actualidad. El texto
puede descargarse de .
Economía del agua. Conceptos y
aplicaciones para una mejor gestión. Zegarra Méndez, Eduardo.
Lima: Grupo de Análisis para el
Desarrollo (Grade), 2014.
Este libro ha sido pensado como un texto de apoyo para un curso de economía
del agua, orientado a economistas y no
economistas interesados en mejorar la
gestión de un recurso cuyo acceso es
un derecho básico de la población por
JULIO de 2014
ser esencial para la vida y la salud. En la actualidad, el agua
es uno de los recursos más complejos y difíciles de gestionar. El objetivo del libro es destacar los conceptos económicos básicos vinculados con un «bien» tan especial como
el agua. Una idea central del libro es que algunos instrumentos económicos —como las tarifas, los pagos por retribuciones por uso y derechos— son importantes y pueden
generar un uso más eficiente, equitativo y sostenible del
agua en situaciones concretas. Texto descargable desde
< h t t p : / / w w w. g r a d e . o r g . p e / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
LIBROGRADEECONOMIAAGUA.pdf>.
77 opciones de mitigación. Proyecto Planificación
ante el Cambio Climático (PlanCC). Lima: Proyecto Planificación ante el Cambio Climático
(PlanCC), 2014.
Esta ficha técnica muestra las opciones de mitigación, es
decir, aquellas actividades, acciones o proyectos orientados a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero
(GEI), cuya acumulación en la atmósfera es la causa del
cambio climático y de sus depósitos que absorben CO2,
como los bosques. Los escenarios de mitigación elaborados por el proyecto PlanCC se
han desarrollado con base en
el análisis de 77 opciones de
mitigación que se podrían implementar en el Perú, hacia
2021 y 2050, en los sectores energía, transporte, procesos
industriales, residuos, forestal y agricultura. Texto descargable desde .
15